Se trata de una medida de urgencia tomada, tras la muerte de una ciclista que colisionó con un menor que manejaba una bicicleta eléctrica.
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SUSCRIBITESe trata de una medida de urgencia tomada, tras la muerte de una ciclista que colisionó con un menor que manejaba una bicicleta eléctrica.
La víctima fatal del accidente era una persona muy querida en la comunidad de Key Biscayne.
Por eso, decenas de sus vecinos vinieron este viernes para exigir cambios en la reunión de emergencia propuesta por el concejo de esta ciudad.
Momentos de máxima tensión se vivieron en la sala de la comisión de Key Biscayne. El alcalde Joe I. Rasco había convocado un consejo de urgencia con la intención de establecer una prohibición de emergencia en el uso de bicicletas eléctricas y scooters motorizados dentro de la jurisdicción de la villa.
Vecinos a favor y en contra de la medida estuvieron presentes en el consejo dando sus opiniones.
El consejo de emergencia se había fijado apenas 48 horas después de la muerte de Megan Andrews.
La mujer de 66 años era maestra de niños con necesidades especiales de aprendizaje y vivía en la isla desde hacía décadas.
Andrews salió de su casa en bicicleta el pasado miércoles por la tarde y se vio envuelta en el choque con una bicicleta eléctrica conducida por un niño de 12 años.
La policía de Miami-Dade, a cargo de la investigación, detalló que el choque tuvo lugar en las inmediaciones de la intersección entre Woodcrest Road y Hampton Lane hacia las siete de la tarde.
Luego del choque, la mujer y el niño cayeron al suelo. Ella fue trasladada al hospital, donde murió, y el menor sufrió heridas menores.
De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer no llevaba caso puesto, mientras el niño sí.
Tras el incidente que mantiene conmocionada la comunidad, residentes de Key Biscayne, muchos ellos cansados por el caos que en ocasiones provocan bicicletas eléctricas y scooters motorizados en la zona, iniciaron el movimiento Megan Andrews Law, en honor a la fallecida, con la intención de lograr una ordenanza definitiva que prohíba el uso de estos dispositivos de micromovilidad.
Por ahora, se estableció una orden de emergencia. Quienes no cumplan esta ley enfrentaran multas de $250 por la primera infracción y $500 por infracciones posteriores.
Esta prohibición temporal se extenderá durante los próximos 60 días. Luego, deberían realizarse otros procedimientos para que se establezca permanentemente.
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