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SUSCRIBITEEl Gobierno federal presentó otra moción para cerrar el caso de 992 cubanos con I-220A. La jueza de Miami aún no ha decidido y el litigio continúa abierto
La administración del presidente Donald Trump presentó una nueva solicitud ante una corte federal de Miami para desestimar la demanda de 992 cubanos con formulario I-220A, quienes buscan que las circunstancias de su detención y posterior liberación sean reconocidas jurídicamente como un parole migratorio que les permita solicitar la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
La nueva moción fue presentada el viernes 9 de octubre de 2026 ante la jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, y quedó registrada como el documento 77 del expediente Bello-Rubio, identificado con el número 1:25-cv-23665.
Sin embargo, existe una precisión fundamental para los miles de cubanos pendientes del litigio:
La demanda no ha sido desestimada.
El Gobierno solicitó nuevamente su cierre, pero corresponde a la jueza examinar los argumentos y determinar si el proceso continúa.
La nueva petición llega después de que Becerra rechazara en septiembre un intento anterior de la administración federal para poner fin al caso.
El documento presentado el 9 de octubre constituye un nuevo intento de la administración Trump para conseguir que el tribunal desestime el litigio.
Los abogados federales cuestionan dos elementos centrales:
La jurisdicción del tribunal: si la jueza tiene autoridad legal para examinar las reclamaciones presentadas.
La suficiencia jurídica de la demanda: si los hechos y argumentos expuestos por los demandantes permiten solicitar el remedio judicial que buscan.
En términos prácticos, Washington pretende que el caso sea cerrado sin que el tribunal tenga que pronunciarse favorablemente sobre la reclamación central de los cubanos.
Los demandantes, por su parte, buscan demostrar que las circunstancias de su detención y liberación requieren un análisis jurídico diferente al tratamiento que normalmente reciben los portadores del formulario I-220A.
El nuevo movimiento del Gobierno ocurre aproximadamente un mes después de una decisión importante para los demandantes.
Durante una audiencia celebrada el 10 de septiembre, la jueza Jacqueline Becerra rechazó una primera moción gubernamental de desestimación.
La decisión quedó formalizada mediante la orden judicial número 64, emitida el 11 de septiembre.
Aquella resolución permitió que el litigio continuara.
Sin embargo, no significó que los 992 cubanos hubieran ganado el caso ni que el tribunal reconociera sus liberaciones como parole.
La jueza también permitió que los demandantes modificaran su escrito para abordar expresamente la disposición legal bajo la cual habían sido detenidos inicialmente.
La segunda demanda enmendada fue presentada el 18 de septiembre, como documento 72.
La nueva moción del Gobierno responde precisamente a esa versión modificada.
La administración federal presentó tres escritos relacionados con diferentes aspectos del litigio.
Documento 77: nueva moción para desestimar la demanda.
Solicita cerrar el proceso por falta de jurisdicción y por considerar que la reclamación no cumple los requisitos jurídicos necesarios.
Los demandantes tienen hasta el 23 de octubre para responder, según el calendario procesal indicado.
Documento 78: medidas judiciales de protección.
El Gobierno presentó argumentos adicionales sobre la solicitud de protección formulada por los demandantes mediante la All Writs Act.
La jueza había pedido aclaraciones sobre otras vías legales que podrían estar disponibles.
Documento 79: certificación de demanda colectiva.
El Gobierno presentó un escrito complementario relacionado con la posibilidad de que el litigio sea reconocido como una acción colectiva.
Este último asunto resulta especialmente importante porque podría determinar a qué personas beneficiaría una eventual decisión judicial.
Esa posibilidad depende de una decisión pendiente de la jueza.
Aunque el litigio se conoce públicamente como la demanda de los 992 cubanos con I-220A, sus abogados buscan que el tribunal autorice su tramitación como una demanda colectiva.
Si la jueza certifica una clase, una eventual resolución podría tener efectos sobre otras personas que cumplan los criterios jurídicos establecidos para integrarla.
Pero hay una diferencia importante:
La demanda todavía no ha sido certificada como colectiva.
Por tanto, no puede afirmarse que todos los cubanos con I-220A estén automáticamente incluidos ni que una futura sentencia favorable beneficiaría sin condiciones a cualquier portador del formulario.
El calendario procesal contempla dos fechas importantes durante octubre.
16 de octubre de 2026: plazo inicialmente calculado para responder a los escritos complementarios sobre la demanda colectiva y las medidas de protección, salvo cambios del tribunal.
23 de octubre de 2026: fecha límite indicada para responder a la nueva moción de desestimación presentada por el Gobierno.
Después de recibir los argumentos, la jueza podrá evaluar si corresponde rechazar nuevamente la solicitud, aceptarla total o parcialmente o adoptar otras medidas procesales.
No existe una fecha confirmada para una sentencia definitiva sobre la reclamación de fondo.
El objetivo del litigio es resolver una diferencia jurídica que ha afectado durante años a numerosos migrantes cubanos.
El formulario I-220A, conocido como Order of Release on Recognizance, documenta la liberación de una persona de la custodia migratoria bajo determinadas condiciones.
Pero no constituye automáticamente un parole bajo la legislación estadounidense.
La diferencia es fundamental para la Ley de Ajuste Cubano.
Esta ley permite que determinados ciudadanos cubanos soliciten la residencia permanente si cumplen los requisitos correspondientes, entre ellos haber sido inspeccionados y admitidos o puestos en parole y satisfacer el requisito de presencia física aplicable.
El problema para muchos portadores del I-220A es que su documento de liberación no acredita por sí solo una admisión o un parole válido para ese propósito.
Los demandantes sostienen que deben examinarse las circunstancias legales concretas bajo las cuales fueron detenidos y posteriormente liberados.
Uno de los antecedentes más importantes ocurrió el 11 de septiembre de 2023.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió la decisión Matter of Cabrera-Fernandez.
En ella estableció una distinción entre la liberación bajo la sección 236(a) de la legislación migratoria y el parole previsto en la sección 212(d)(5).
La decisión concluyó que la primera no equivale automáticamente a la segunda para los efectos jurídicos examinados.
Ese precedente representó un obstáculo para numerosos cubanos que pretendían ajustar su estatus mediante la Ley de Ajuste Cubano utilizando únicamente su I-220A.
La demanda actual incorpora una controversia jurídica adicional.
Los abogados de los cubanos cuestionan la disposición legal aplicable a determinadas detenciones realizadas después de la llegada de los migrantes a Estados Unidos.
La distinción entre las secciones 235(b) y 236(a) resulta relevante porque regulan situaciones migratorias y mecanismos de detención diferentes.
El litigio busca que se examine si las autoridades utilizaron correctamente esas disposiciones y qué consecuencias jurídicas podrían derivarse de las liberaciones posteriores.
Sin embargo, incluso una determinación favorable sobre la base legal de una detención no significa necesariamente que todos los afectados reciban automáticamente un parole o una residencia permanente.
La controversia sobre el I-220A se intensificó después de la eliminación de la política de “pies secos/pies mojados” en enero de 2017.
Durante los años siguientes, numerosos migrantes cubanos fueron liberados bajo supervisión o reconocimiento propio, sin recibir necesariamente un documento de parole.
En 2021 comenzaron a conocerse iniciativas judiciales destinadas a resolver esa situación.
En febrero de 2022, USCIS adoptó un tratamiento administrativo favorable para determinados cubanos liberados de la custodia del Departamento de Seguridad Nacional entre enero de 2017 y noviembre de 2021, siempre que cumplieran requisitos específicos.
Sin embargo, esa medida no reconoció automáticamente todos los formularios I-220A como parole.
Posteriormente, las decisiones administrativas y judiciales continuaron generando incertidumbre para quienes buscan regularizar su situación.
El litigio Bello-Rubio, presentado en agosto de 2025, representa otro intento de obtener una respuesta judicial sobre circunstancias específicas de detención y liberación.
La solicitud presentada por la administración Trump no modifica automáticamente la situación migratoria de los demandantes.
Tampoco significa que hayan perdido el caso.
Por ahora:
La demanda continúa pendiente de una decisión judicial.
No se ha reconocido un parole general para los 992 demandantes.
No existe una certificación definitiva de demanda colectiva.
No se ha concedido residencia permanente como consecuencia de este litigio.
Las obligaciones migratorias individuales continúan vigentes.
Las personas con citas ante ICE, audiencias en tribunales migratorios u otros procedimientos pendientes deben seguir cumpliendo sus obligaciones, salvo que reciban una orden válida que disponga lo contrario.
Si Becerra vuelve a rechazar la moción de desestimación, el litigio podría avanzar hacia nuevas etapas procesales.
Eso permitiría continuar examinando los argumentos relacionados con la detención, la liberación y los remedios solicitados.
Pero no significaría una victoria definitiva sobre el fondo.
Por el contrario, si la jueza acepta la petición del Gobierno, podría cerrar total o parcialmente las reclamaciones, dependiendo del alcance de su decisión.
También podrían surgir otras actuaciones judiciales, incluidas solicitudes de reconsideración o recursos cuando correspondan.
La nueva moción presentada el 9 de octubre representa otro capítulo de un litigio que podría tener consecuencias importantes para sus demandantes y, dependiendo de futuras decisiones procesales, para otras personas en situaciones jurídicas similares.
La jueza Jacqueline Becerra tendrá que determinar primero si las reclamaciones pueden continuar ante su tribunal.
Solo después, si el proceso avanza, podría llegarse a una decisión sobre los argumentos de fondo.
La noticia central es que el Gobierno de Trump volvió a pedir el cierre de la demanda, pero todavía no ha conseguido una nueva orden judicial que ponga fin al caso.
Para los cubanos con I-220A que siguen pendientes del proceso, la próxima fecha relevante es el 23 de octubre de 2026, cuando vence el plazo indicado para responder a la nueva moción federal.
Noticia judicial en desarrollo.
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