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SUSCRIBITETrump retira el arancel indirecto al petróleo que abastezca a Cuba tras fallo del Supremo, pero mantiene la emergencia nacional y otras medidas de presión
El presidente Donald Trump firmó el 20 de febrero de 2026 una nueva orden ejecutiva que elimina el mecanismo que permitía imponer aranceles adicionales a países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba.
La medida responde al reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles comerciales bajo poderes de emergencia.
Con esta decisión, desaparece el instrumento legal creado el 29 de enero, cuando Trump declaró una emergencia nacional respecto al gobierno cubano y habilitó la posibilidad de aplicar recargos a productos provenientes de países que abastecieran de crudo a la isla.
En términos prácticos:
EE.UU. ya no podrá aplicar aranceles punitivos a terceros países por vender petróleo a Cuba bajo la IEEPA.
Se reduce el riesgo comercial para potenciales proveedores energéticos.
Disminuye la incertidumbre para empresas involucradas en comercio petrolero hacia la isla.
Sin embargo, la eliminación del arancel no implica el levantamiento de sanciones ni una flexibilización estructural de la política hacia La Habana.
La emergencia nacional declarada el 29 de enero continúa activa.
Además, el 13 de febrero, Trump prorrogó por un año la autoridad que permite regular, inspeccionar o incluso detener embarcaciones estadounidenses y extranjeras que se dirijan a Cuba, bajo argumentos de seguridad nacional.
Tampoco se ven afectados otros marcos legales como:
Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial
Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974
Es decir, el andamiaje de presión permanece intacto.
La medida llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta:
Apagones prolongados
Déficit estructural de generación eléctrica
Escasez severa de combustible
Al eliminar el arancel indirecto, Washington retira un instrumento específico, pero mantiene el núcleo de su estrategia de presión política y económica.
Analistas coinciden en que se trata de un ajuste jurídico obligado por el Supremo, no de un giro hacia la normalización.
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