Cubano con I-220A detenido en Texas mientras trabajaba como chofer de Lyft

Entre los ejemplos recientes destaca el de Rogelio Lázaro González Moya, un joven de 26 años detenido en Miami tras acudir a su primera audiencia de inmigración, a pesar de que su proceso ya había sido desestimado. Desde entonces ha sido trasladado entre centros de detención en Florida, Texas y Arizona, terminando recluido en Eloy, Arizona, donde ha sufrido condiciones extremas: cadenas en traslados, celdas heladas conocidas como “congeladores” y alimentación insuficiente.

Otro caso es el de una joven cubana arrestada en Phoenix a la salida de su trabajo, a pesar de tener un permiso laboral vigente. Tras un mes detenida fue liberada con un grillete electrónico, una medida que refleja el grado de hostigamiento contra quienes solo esperan la aprobación de su residencia.

Asimismo, periodistas han documentado redadas en cortes de inmigración de Miami, donde decenas de cubanos con I-220A han sido arrestados.

El trasfondo político

Estas detenciones responden directamente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, quien en su regreso a la Casa Blanca prometió frenar la inmigración ilegal con “mano dura”. Sin embargo, en la práctica, estas medidas golpean a migrantes que intentan legalizar su situación en el país.

En el caso de los cubanos, muchos se acogen a la Ley de Ajuste Cubano, un mecanismo histórico que reconoce a los ciudadanos de la isla como víctimas de un régimen dictatorial. Lejos de ser delincuentes, trabajan, pagan impuestos y esperan pacientemente por sus audiencias.

Para la comunidad cubana en Estados Unidos, cada arresto se ha convertido en un recordatorio de que, aunque huyeron de la represión en su país, aún pueden ser perseguidos por un sistema migratorio que prioriza la dureza sobre la justicia.

El futuro de Yasmani Guía Pablo, al igual que el de miles de cubanos con procesos abiertos, permanece incierto y depende ahora de un aparato legal cada vez más implacable.