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SUSCRIBITEEl vicecanciller Carlos Fernández de Cossío denunció la operación estadounidense contra envíos de biodiésel destinados a ENETEC, una empresa cubana sancionada
El gobierno cubano reaccionó con dureza a la incautación de 90 cargamentos de combustible en Estados Unidos, valorados en aproximadamente 2,8 millones de dólares, y acusó a Washington de cometer actos de “piratería” y ejercer una política de presión económica contra la isla.
La respuesta llegó por medio del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien defendió la legalidad de las importaciones de combustible realizadas por entidades estatales y privadas cubanas y cuestionó las sanciones estadounidenses que restringen esas operaciones.
La controversia estalló después de que autoridades federales estadounidenses anunciaran la incautación y retención de aproximadamente 615.000 galones de biodiésel, distribuidos en 90 cargamentos cuyo destinatario final, según los investigadores, era ENETEC S.A., una compañía del sector energético cubano sancionada por Washington.
Fernández de Cossío utilizó sus redes sociales para rechazar las acciones estadounidenses y defender el derecho de Cuba a comprar combustible en el mercado internacional.
“Es importante precisar qué es legal y qué no lo es”, escribió el funcionario antes de exponer la posición de La Habana.
Según el vicecanciller, tanto las empresas estatales como las privadas pueden adquirir combustible en otros países conforme a la legislación cubana.
También defendió las operaciones de almacenamiento, transporte y distribución del producto dentro del territorio nacional.
“Disponer, almacenar, distribuir y comercializar ese combustible dentro del territorio cubano también es legal, como lo es transportarlo en aguas internacionales”, afirmó.
El diplomático fue todavía más contundente al cuestionar las interdicciones marítimas y las presiones estadounidenses contra empresas exportadoras.
“Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaje”, declaró.
Además, calificó las restricciones energéticas como una forma de “castigo colectivo” contra la población cubana.
La respuesta del gobierno cubano ocurre después de una conferencia de prensa celebrada en Miami, donde funcionarios de tres agencias estadounidenses explicaron los resultados de la operación.
Participaron representantes de Homeland Security Investigations (HSI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS).
La investigación comenzó a principios de septiembre, cuando las agencias detectaron operaciones de exportación que levantaron sospechas sobre el destinatario final.
Tras revisar documentos comerciales, registros financieros y datos de exportación, las autoridades concluyeron que los cargamentos estaban destinados a ENETEC.
ENETEC S.A. es una compañía del sector energético cubano fundada en 2019 y con sede en La Habana.
Sus actividades incluyen la importación, exportación y distribución mayorista de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, además de lubricantes y derivados del petróleo.
Según la información proporcionada, la empresa quedó sujeta en julio de 2026 a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Para Washington, ese elemento constituye el punto central de la investigación.
La presunta infracción no consiste simplemente en exportar combustible a Cuba, sino en dirigirlo a una entidad sometida a sanciones estadounidenses.
Las autoridades federales sostienen que las compañías exportadoras deben verificar quién recibe finalmente los productos y si existen restricciones aplicables.
El caso también ha puesto bajo atención posibles vínculos comerciales de ENETEC con Lux Sky Cargo, una compañía dedicada al envío de automóviles y mercancías desde Miami hacia Cuba.
Según la información publicada, la empresa perdió a mediados de septiembre su licencia fiscal local, revocada por la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.
No obstante, la existencia de vínculos comerciales y la revocación de esa licencia no demuestran, por sí solas, que Lux Sky Cargo haya participado en los 90 cargamentos investigados.
Las autoridades todavía no han identificado públicamente a todas las compañías involucradas en los envíos de biodiésel.
Otro elemento mencionado en la controversia es el M/V Grace, una embarcación interceptada durante septiembre mientras transportaba combustible con destino a Cuba.
Según las autoridades estadounidenses, el buque utilizaba tanques de lastre para almacenar parte del producto, una práctica que puede representar riesgos de seguridad y contaminación ambiental.
Los investigadores han relacionado ese tipo de operaciones con posibles mecanismos de evasión de controles.
Sin embargo, todavía no se ha divulgado información suficiente para establecer una conexión operativa directa entre todos los cargamentos de ENETEC y el caso del Grace.
Este es el principal punto de desacuerdo entre ambos gobiernos.
La Habana sostiene que las importaciones de combustible son operaciones comerciales legítimas y que Washington no debería impedirlas mediante sanciones.
Estados Unidos, por su parte, mantiene un sistema de restricciones que prohíbe determinadas transacciones con entidades cubanas sancionadas.
Al mismo tiempo, las regulaciones estadounidenses permiten algunas exportaciones autorizadas de combustible hacia actores del sector privado cubano.
Por tanto, la legalidad de una operación depende de factores como el destinatario, los participantes, las licencias aplicables y las condiciones de exportación.
La acusación cubana de “piratería” constituye la posición política y jurídica expresada por Fernández de Cossío. No representa una conclusión judicial sobre la actuación estadounidense.
Además, los 90 cargamentos fueron intervenidos en puertos de Estados Unidos, un escenario distinto de una interceptación en aguas internacionales.
La operación se produce en medio del endurecimiento de las sanciones de la administración del presidente Donald Trump contra entidades vinculadas al gobierno cubano.
Durante 2026, Washington ha incrementado las restricciones sobre estructuras militares, financieras y energéticas de la isla.
El Departamento de Estado ha defendido estas medidas como instrumentos para impedir que entidades sancionadas accedan a recursos estadounidenses y para presionar por reformas políticas y económicas.
La Habana rechaza esa estrategia y sostiene que las restricciones afectan directamente a la población, especialmente en un contexto de apagones, escasez de combustible y dificultades en el transporte.
Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación sobre los cargamentos.
Entre los principales aspectos pendientes están la identificación de los exportadores, los intermediarios, los responsables financieros y la posible existencia de operaciones anteriores con el mismo destinatario.
Hasta el momento de los reportes citados, no se habían anunciado cargos penales específicos contra las compañías participantes.
El enfrentamiento deja dos posiciones claramente definidas.
Cuba acusa a Estados Unidos de piratería y de intentar asfixiar económicamente a la isla. Washington sostiene que está haciendo cumplir sus sanciones contra una empresa cubana restringida.
Mientras tanto, aproximadamente 615.000 galones de biodiésel valorados en $2,8 millones permanecen bajo medidas de incautación o retención en territorio estadounidense.
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