El 6 de mayo de 2025 los militares atacaron la camioneta de la familia que se dirigía a la escuela cuando el vehículo dio la vuelta en una carretera al ver que el camino estaba bloqueado.
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SUSCRIBITECIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez mexicano inició el proceso penal contra 13 militares acusados del homicidio de dos niñas de 11 y 7 años, así como de la tentativa de homicidio de otros dos menores y dos adultos, todos ellos integrantes de una misma familia atacada a tiros hace casi un año por miembros del Ejército en una carretera del noroccidental estado de Sinaloa, informaron el miércoles abogados de las víctimas.
El 6 de mayo de 2025 los militares atacaron la camioneta de la familia que se dirigía a la escuela cuando el vehículo dio la vuelta en una carretera al ver que el camino estaba bloqueado.
Las autoridades informaron que se trató de un enfrentamiento pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos —una entidad oficial— aseguró después de una investigación que hubo un “uso ilegítimo de la fuerza” por parte de los militares y la fiscalía de México logró acreditar que se usó la fuerza letal de forma “injustificada”.
“Sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo” de la familia, explicó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que es acompañante legal de las víctimas.
El estado de Sinaloa lleva año y medio inmerso en una fuerte ola de violencia por la lucha que mantienen dos facciones del cártel del mismo nombre que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos.
La defensa de los militares argumentó que debido a ese contexto, los uniformados actuaron bajo un estado de alerta y nerviosismo, pero el juez determinó que contaban con adiestramiento suficiente para saber que había una alta probabilidad de matar y, aún así, dispararon.
Para el Centro Prodh, el ataque en un ejemplo de las violaciones graves a los derechos humanos que se dan ante la profundización de la militarización “que se ha perpetuado a lo largo de las diversas administraciones”.
"Es un hecho intolerable que debe impulsar la adopción de medidas para evitar su repetición”, afirmó.
Pero en enero de este año, Sinaloa volvió a vivir una situación parecida con la muerte del universitario de 23 años Fernando Alan Arce, en Culiacán, capital del estado.
El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dijo que había militares bajo investigación por esa muerte que, según explicó, ocurrió cuando el Ejército estaba persiguiendo a unos supuestos delincuentes que agredieron y, en medio del intercambio de disparos, “es donde fallece uno de estos jóvenes” que se trasladaba en un vehículo.
El caso de las dos niñas muertas, conmocionó a Sinaloa que, en aquel momento ya llevaba casi 40 menores muertos por la violencia desatada en septiembre de 2024.
En palabras del Centro Prodh, “pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia”.
FUENTE: AP

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