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En un comunicado, la UE indicó que las sanciones que estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2023 incluyen “la congelación de activos” y la prohibición a los ciudadanos y empresas de la UE a poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar “que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE”, explicó.
El informe destacó que la medida ocurre tras “la decisión injustificada” del gobierno nicaragüense de expulsar del país a la embajadora de la UE, Bettina Muscheidt, el mes pasado, y de cortar relaciones con Holanda, así como la respuesta recíproca de la UE de declarar persona non grata a la jefa de misión de Nicaragua ante la UE, Zoila Yanira Müller.
Indicó que la UE “reafirma su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos” y reiteró que la actual crisis política en Nicaragua “debe resolverse mediante un verdadero diálogo” entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición.
“La UE sigue abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que éste se desarrolle de forma respetuosa”, precisó el comunicado. Advirtió, sin embargo, que el bloque europeo “puede decidir renovar las sanciones y modificar la lista de entidades o personas afectadas en función de la evolución del país” de ahora en adelante.
La UE impuso por primera vez, en mayo de 2020, sanciones a entidades “responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática” y a seis funcionarios “cuyas acciones políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de Derecho” en Nicaragua.
FUENTE: Associated Press
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