Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEOscar Pérez-Oliva Fraga acusó a EEUU de imponer dependencia económica a Cuba, mientras sanciones de Rubio golpean a socios y empresas extranjeras
Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del régimen cubano, afirmó que Washington busca arrastrar a la isla hacia una relación comercial desigual con Estados Unidos mientras presiona a socios tradicionales con sanciones secundarias.
Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del régimen cubano, acusó a Estados Unidos de intentar imponer a Cuba una “dependencia económica forzosa”.
El funcionario, señalado como sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, realizó estas declaraciones durante la Asamblea General de Asociados de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, celebrada en el Hotel Nacional de La Habana.
Según su planteamiento, Washington estaría usando sanciones, restricciones financieras y presión contra terceros países para debilitar los vínculos comerciales de Cuba con socios históricos y obligar a la isla a depender cada vez más del mercado estadounidense.
Durante su intervención, Pérez-Oliva afirmó que varias navieras, aerolíneas y empresas extranjeras han reducido o abandonado operaciones con Cuba por temor a sanciones secundarias.
Al mismo tiempo, sostuvo que compañías estadounidenses mantienen rutas, permisos y operaciones con la isla bajo un esquema controlado por Washington.
“Se nos quiere imponer una dependencia económica forzosa de los Estados Unidos”, dijo el funcionario, al denunciar que esa situación perjudica a socios extranjeros que han operado en Cuba durante décadas.
Pérez-Oliva describió el comercio entre Cuba y Estados Unidos como una relación desigual, limitada y de una sola dirección.
Según el ministro, La Habana puede comprar ciertos productos estadounidenses bajo autorizaciones específicas, pero no puede vender libremente a ese mercado sus principales rubros exportables.
Entre los productos que mencionó figuran el níquel, el tabaco, el ron y los productos biofarmacéuticos.
También recordó que el turismo estadounidense hacia Cuba continúa restringido, lo que priva a la isla de una fuente de ingresos que el régimen considera fundamental para su economía.
Las declaraciones de Pérez-Oliva llegan después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara nuevas sanciones contra entidades vinculadas al aparato económico del régimen cubano.
La ronda más reciente golpeó a empresas financieras, logísticas, mineras y metalúrgicas relacionadas con GAESA o con sectores estratégicos de la economía cubana.
Entre las entidades sancionadas figuran Almacenes Universales S.A., Banco Financiero Internacional, RAFIN S.A., GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero.
GAESA, el conglomerado controlado por los militares cubanos, se ha convertido en uno de los objetivos centrales de la política de máxima presión de Estados Unidos.
Washington acusa a esa estructura de controlar sectores rentables de la economía, incluyendo turismo, puertos, bancos, logística, comercio, tiendas en divisas y remesas.
Para la administración Trump y para Marco Rubio, GAESA funciona como el músculo financiero de la élite del régimen cubano.
La Habana, en cambio, presenta las sanciones como una agresión económica destinada a cerrar vías de comercio, inversión y financiamiento.
El discurso de Pérez-Oliva también apuntó a la retirada o reducción de operaciones de empresas extranjeras en Cuba.
Según el funcionario, varias compañías turísticas, navieras y aerolíneas no desean abandonar la isla, sino que se ven empujadas a hacerlo por el temor a sanciones secundarias y por la escasez de combustible.
En los últimos meses, cadenas hoteleras, operadores marítimos y aerolíneas han revisado su presencia en Cuba ante el aumento de riesgos legales, financieros y operativos asociados a entidades sancionadas.
Pérez-Oliva afirmó que las compañías extranjeras que han anunciado salidas totales o parciales de Cuba quieren continuar operando en la isla.
“Nadie se quiere ir de Cuba”, dijo, al atribuir la reducción de operaciones a la presión estadounidense y a las restricciones energéticas.
Sin embargo, críticos del régimen sostienen que la salida de empresas también responde al deterioro de la economía cubana, la falta de pagos, la baja ocupación turística, el colapso energético y la inseguridad jurídica.
El funcionario calificó la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026 como una especie de “patente de corso” entregada a Marco Rubio para dirigir la política hacia Cuba.
Esa orden amplió el alcance de las sanciones contra estructuras del régimen y elevó el riesgo para empresas extranjeras que realicen negocios con entidades vinculadas a GAESA, MININT, MINFAR u otros actores sancionados.
Para La Habana, ese marco busca internacionalizar el bloqueo. Para Washington, es una herramienta para cortar recursos a la élite gobernante y aislar a las estructuras que sostienen el aparato represivo.
El discurso oficial ocurre en medio de la peor crisis económica de Cuba desde el Período Especial.
La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible, caída productiva, inflación, deterioro sanitario, falta de alimentos y una profunda contracción económica.
El régimen insiste en que el embargo y las sanciones son la causa principal del deterioro. Sus críticos señalan también décadas de centralización, ineficiencia estatal, corrupción, falta de libertades económicas reales y control militar de los sectores más rentables.
Pérez-Oliva defendió el paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional, que incluye banca privada, casas de cambio, compra de acciones de empresas estatales, comercio exterior más abierto para privados y mayor espacio para inversión extranjera.
Según el funcionario, Cuba debe resolver sus problemas preservando la soberanía, la independencia y el sistema socialista.
La frase resume la línea oficial: aceptar herramientas de mercado para intentar salvar la economía, pero sin abrir el sistema político ni desmontar el control del Partido Comunista.
El discurso ante la Cámara de Comercio también fue un mensaje hacia inversionistas y empresas extranjeras.
Pérez-Oliva intentó transmitir que Cuba sigue abierta a negocios, pese a las sanciones y al deterioro de las condiciones operativas.
La pregunta es si esa señal será suficiente para convencer a compañías extranjeras de asumir riesgos en una economía marcada por falta de liquidez, apagones, sanciones, incertidumbre jurídica y creciente presión de Washington.
La acusación de “dependencia económica forzosa” forma parte de una batalla narrativa entre La Habana y Washington.
El régimen cubano acusa a Estados Unidos de intentar asfixiar a la isla y manipular su comercio exterior.
Washington acusa al régimen de usar a GAESA y otras estructuras para capturar los recursos del país, beneficiar a la élite y sostener la represión.
En el centro queda el pueblo cubano, afectado por apagones, escasez, bajos salarios, falta de efectivo y un deterioro cotidiano que ninguna de las partes puede ignorar.
Suscribite a nuestro Newsletter