El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda para retirar la ciudadanía estadounidense a Yoskmaikel Rodríguez Pérez, un cubano de 45 años vinculado con Miami que fue condenado por participar en un esquema de fraude contra Medicare.
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SUSCRIBITEEl DOJ alega que Yoskmaikel Rodríguez Pérez ocultó el fraude durante su naturalización. Ahora será un juez federal quien decida si pierde la ciudadanía en EEUU
El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda para retirar la ciudadanía estadounidense a Yoskmaikel Rodríguez Pérez, un cubano de 45 años vinculado con Miami que fue condenado por participar en un esquema de fraude contra Medicare.
El Departamento de Justicia sostiene que Rodríguez Pérez operaba una supuesta clínica médica y presentó reclamaciones falsas y fraudulentas por más de 886.694 dólares antes de convertirse en ciudadano estadounidense. Las autoridades alegan que ocultó esa conducta durante el proceso de naturalización y ofreció información falsa bajo juramento ante un funcionario de inmigración.
Rodríguez Pérez se convirtió en residente permanente legal de Estados Unidos en 2004 y obtuvo la ciudadanía por naturalización en 2018, de acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Justicia.
El Gobierno federal sostiene que, antes de recibir la ciudadanía, administraba una supuesta clínica desde la cual fueron presentadas reclamaciones fraudulentas a Medicare por un monto superior a los 886.000 dólares.
Posteriormente, el cubano se declaró culpable y fue condenado por conspiración para cometer fraude de atención médica y fraude electrónico.
El punto central de la demanda no es únicamente la condena penal, sino la acusación de que Rodríguez Pérez escondió deliberadamente su actividad delictiva mientras solicitaba convertirse en ciudadano.
Según el Departamento de Justicia, el hombre proporcionó falso testimonio bajo juramento durante una entrevista con un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Las autoridades argumentan que esa información habría sido relevante para determinar si cumplía con el requisito de buena conducta moral exigido por las leyes de naturalización.
El Gobierno presentó el 18 de junio de 2026 una acción civil de cuatro cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
La demanda sostiene que Rodríguez Pérez obtuvo ilegalmente la ciudadanía porque presuntamente no cumplía con los requisitos legales cuando fue naturalizado.
Los fiscales alegan además que consiguió ese estatus mediante el ocultamiento de hechos materiales y declaraciones falsas deliberadas durante el procedimiento migratorio.
La presentación de la demanda no significa que Rodríguez Pérez haya perdido automáticamente la ciudadanía estadounidense.
El caso deberá ser evaluado por un juez federal, quien determinará si las pruebas presentadas por el Gobierno son suficientes para cancelar el certificado de naturalización.
El propio Departamento de Justicia aclaró que las afirmaciones incluidas en las demandas civiles son alegaciones y que todavía no existe una determinación judicial de responsabilidad.
La desnaturalización es el procedimiento mediante el cual el Gobierno solicita a un tribunal que revoque la ciudadanía de una persona que la obtuvo mediante naturalización.
La ley permite iniciar ese proceso cuando las autoridades consideran que la ciudadanía fue conseguida ilegalmente, mediante el ocultamiento de un hecho relevante o a través de una declaración falsa deliberada.
La persona demandada tiene derecho a responder, presentar pruebas, cuestionar las acusaciones y defender su ciudadanía ante un tribunal federal.
Si el juez ordena la desnaturalización, el afectado generalmente regresa al estatus migratorio que tenía antes de convertirse en ciudadano. La pérdida de la ciudadanía tampoco implica por sí sola una deportación inmediata, aunque podría abrir un proceso migratorio posterior dependiendo de las circunstancias individuales.
Rodríguez Pérez forma parte de un grupo de diez personas contra las cuales el Departamento de Justicia presentó acciones de desnaturalización durante un período aproximado de 30 días.
Los demandados son originarios de Cuba, México, Pakistán, Perú y Polonia. Las autoridades los relacionan con delitos como fraude sanitario, fraude migratorio, narcotráfico, utilización de identidades falsas y abuso sexual de menores.
Algunos de los acusados ya fueron condenados penalmente por los delitos que supuestamente ocultaron. Sin embargo, cada demanda de desnaturalización deberá resolverse individualmente ante el tribunal correspondiente.
El Departamento de Justicia calificó estas acciones como parte del mayor esfuerzo de desnaturalización impulsado hasta ahora por el Gobierno federal.
La administración de Donald Trump ha ampliado las categorías de casos considerados prioritarios, incluyendo personas condenadas por delitos financieros que presuntamente ocultaron su conducta durante el proceso migratorio.
Entre 1990 y 2017, el Gobierno federal presentó un promedio aproximado de 11 demandas de desnaturalización por año. La campaña actual representa un incremento considerable frente al uso históricamente limitado de este procedimiento.
El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que las personas incluidas en esta nueva ronda habrían mentido para obtener la ciudadanía estadounidense.
Blanche aseguró que el Departamento de Justicia continuará promoviendo acciones para proteger la integridad del proceso de naturalización.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que quienes cometen fraude durante sus trámites migratorios pierden el derecho a conservar una ciudadanía obtenida mediante engaño.
El jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett Shumate, adelantó que el Gobierno considera que apenas ha comenzado su campaña y que podrían presentarse muchas más demandas.
La condena por conspiración para cometer fraude sanitario y electrónico ya forma parte del historial judicial de Rodríguez Pérez.
No obstante, la cuestión que deberá resolver ahora el tribunal es diferente: determinar si esa conducta y las respuestas ofrecidas durante la naturalización invalidan legalmente la ciudadanía que obtuvo en 2018.
Hasta que el juez emita una decisión, Rodríguez Pérez continúa siendo ciudadano estadounidense y conserva el derecho a defenderse de las acusaciones presentadas por el Gobierno.
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