El viernes, al cumplirse 22 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado guatemalteco por la desaparición del menor, la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunció que un juzgado puso fin a la denuncia a petición de la fiscalía.
Se trata de la familia Molina Thiessen, parientes de Marco Antonio Molina Thiessen, detenido y desaparecido en octubre de 1981 cuando tenía 14 años presuntamente en represalia por la fuga de su hermana, Emma Molina, de un cuartel militar. Ella había sido detenida por agentes de seguridad del Estado guatemalteco por su militancia política.
“Lo que se denunció no fue probado, se hicieron tres pruebas de ADN que acreditaron la falsedad de lo denunciado”, dijo a The Associated Press la abogada Jovita Tzul, representante de la familia.
La denuncia contra la familia Molina Thiessen fue presentada por la fallecida abogada Karen Fisher Pivaral en representación de cuatro militares en retiro condenados en 2018 a penas de entre 33 y 58 años por delitos contra los deberes de humanidad, violación y desaparición forzada de los hermanos Molina Thiessen.
En su sentencia de 2004 la Corte Interamericana también ordenó al Estado guatemalteco buscar los restos del menor, que aún no han sido encontrados.