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SUSCRIBITEEl proyecto El Rampeño cobrará 100 pesos mensuales por vivienda para recoger basura con triciclos eléctricos y energía solar en el Vedado habanero
El proyecto de desarrollo local “El Rampeño” busca implementar un nuevo sistema de recogida puerta a puerta en el Consejo Popular Rampa, en Plaza de la Revolución. La iniciativa combina triciclos eléctricos, una estación de carga solar y una tarifa mensual para los vecinos, en medio del colapso del servicio estatal de comunales.
Los residentes del Consejo Popular Rampa, en el municipio Plaza de la Revolución, deberán pagar 100 pesos cubanos mensuales por vivienda para acceder a un nuevo sistema de recogida de basura mediante triciclos eléctricos.
La iniciativa forma parte del proyecto de desarrollo local “El Rampeño”, impulsado en una de las zonas más céntricas de La Habana, donde la acumulación de desechos se ha convertido en un problema cotidiano.
El plan contempla la recogida puerta a puerta de residuos sólidos en 14 circunscripciones, con dos horarios fijos: 7:00 a.m. y 8:00 p.m.
El proyecto incluye la asignación de 30 triciclos eléctricos para la recogida de basura y la recuperación de materias primas.
La infraestructura central será una estación de carga solar, conocida como “solinera”, ubicada en la intersección de 23 y J, en el Vedado.
Según la explicación oficial, esta instalación servirá para cargar los triciclos eléctricos del proyecto y también podría ofrecer recarga a motos eléctricas, bicicletas, celulares, lámparas y otros equipos.
La solinera, además, estaría diseñada para aportar energía al Sistema Eléctrico Nacional.
El servicio tendrá un costo de 100 pesos cubanos al mes por vivienda.
Las autoridades locales sostienen que ese pago será utilizado para sostener la operación, los salarios de trabajadores comunitarios, el mantenimiento de la base solar y la reparación de los triciclos.
También se aplicarán tarifas diferenciadas para el sector estatal y no estatal, en dependencia del volumen de desechos generado.
Los adultos mayores sin ingresos, personas con discapacidad y núcleos familiares en situación vulnerable podrán quedar exentos tras evaluación comunitaria.
Uno de los cambios más importantes del proyecto será la eliminación de los contenedores de basura en la vía pública.
En su lugar, los vecinos deberán sacar los desechos únicamente en los horarios establecidos.
Para residuos voluminosos —como escombros, muebles, colchones o electrodomésticos en desuso— se habilitarán cuatro puntos estratégicos dentro del Consejo Popular Rampa.
Las autoridades aseguran que el objetivo es evitar que la basura permanezca durante horas en la calle, sea esparcida por animales o termine acumulada en esquinas y solares.
El proyecto también contempla la creación de un cuerpo de inspectores con facultades para imponer multas a quienes incumplan las normas.
En casos de reincidencia, las autoridades advierten que podrían elevar los expedientes a instrucción penal por delitos como desobediencia, daños o propagación de epidemias.
El mensaje oficial es que no se trata de “amedrentar”, sino de ordenar el manejo de residuos en una zona donde el servicio estatal tradicional ha colapsado.
La iniciativa surge en medio de una crisis estructural del sistema de recogida de basura en la capital cubana.
La Habana genera miles de metros cúbicos de residuos diarios, pero el deterioro del parque automotor, la falta de combustible, la escasez de piezas y la baja disponibilidad de camiones han dejado grandes volúmenes de basura sin recoger.
En febrero de 2026, apenas 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, una cifra que refleja el deterioro del servicio comunal.
El resultado ha sido visible en numerosos barrios: esquinas repletas de desechos, malos olores, proliferación de vectores y riesgo sanitario.
La acumulación de basura se combina con apagones prolongados, falta de agua, calor extremo y deterioro de los servicios públicos.
Ese escenario aumenta el riesgo de enfermedades como dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A.
Para muchos vecinos, la basura no es solo un problema de imagen urbana, sino una amenaza directa para la salud pública.
Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa, atribuyó la necesidad del proyecto a la falta de combustible que impide mantener el sistema tradicional de recogida con camiones.
Según su explicación, la crisis energética obliga a buscar alternativas que no dependan del diésel ni de la disponibilidad de vehículos pesados.
Sin embargo, críticos del régimen señalan que el problema de la basura en La Habana no empezó con la escasez actual de combustible, sino que responde a décadas de deterioro institucional, abandono de la infraestructura urbana y falta de inversión sostenida.
La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales.
Algunos usuarios respondieron con ironía, señalando que en Cuba recoger la basura se ha convertido en una noticia extraordinaria.
Otros expresaron esperanza de que el sistema funcione y pueda replicarse en otros barrios de La Habana y del país.
También hubo quienes reconocieron la iniciativa local como un intento práctico de resolver un problema concreto, aunque advirtieron que su éxito dependerá de la disciplina vecinal, el mantenimiento de los triciclos y la transparencia en el uso del dinero recaudado.
La crisis ha llegado a tal punto que en algunos barrios los vecinos han tenido que organizar por su cuenta la recogida de basura.
En zonas como Casino Deportivo y Centro Habana se han reportado iniciativas comunitarias para retirar desechos o vigilar esquinas donde se acumulan basureros ilegales.
El proyecto El Rampeño intenta institucionalizar una respuesta de escala local, pero también evidencia la incapacidad del sistema estatal tradicional para garantizar un servicio básico.
El experimento en el Vedado será observado de cerca.
Si funciona, podría convertirse en modelo para otros consejos populares de La Habana. Si fracasa, reforzará el escepticismo de quienes ven el proyecto como otra medida improvisada en medio del colapso de los servicios públicos.
La pregunta central es si 30 triciclos eléctricos, una solinera y una tarifa mensual podrán resolver un problema que lleva años creciendo sin solución estructural.
Por ahora, los vecinos de la Rampa pagarán por un servicio que, en cualquier ciudad funcional, debería formar parte de las obligaciones básicas del Estado.
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