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SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) — El inspector general del Departamento de Justicia declinó investigar la gestión del caso penal contra un excompetidor olímpico absuelto de acusaciones de cometer daño intencional contra el revestimiento del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, según una carta enviada el miércoles por los abogados del hombre.
El organismo interno de supervisión informó a los abogados de David Hearn que las denuncias de mala conducta profesional que presentaron quedan fuera de su jurisdicción y, en cambio, corresponden a la Oficina de Responsabilidad Profesional del departamento, de acuerdo con la carta, que insta al inspector general Don R. Berthiaume a reconsiderar la decisión.
“Dada la considerable atención pública dedicada a este asunto y las importantes preguntas planteadas sobre la conducta de funcionarios federales, rechazar una revisión independiente correría el riesgo de socavar la confianza pública en la capacidad del Departamento para vigilar su propia conducta. Tal resultado sería incompatible con los propósitos para los cuales el Congreso estableció la OIG y sería una traición a su misión”, se lee en la carta, refiriéndose por sus siglas a la Oficina del Inspector General.
Los abogados de Hearn solicitaron este mes que se investigara a los inspectores generales de los departamentos de Justicia y del Interior, citando una amplia variedad de “incompetencia y mala conducta” que, según afirmaron, ocurrió durante la investigación penal y el enjuiciamiento de su cliente. Sostienen que creen haber identificado posibles delitos en la forma en que el gobierno del presidente Donald Trump manejó el caso, lo que incluye la manipulación de testigos, la obstrucción de la justicia y la inducción de falso testimonio.
El Departamento de Justicia pidió desestimar el caso el verano pasado, tras afirmar que nuevas pruebas aportadas por el Departamento del Interior mostraban que Hearn, de 67 años y residente de Bethesda, Maryland, no era responsable de los daños al revestimiento del estanque. Posteriormente, un juez del Distrito de Columbia anuló de manera permanente el proceso.
Los abogados de Hearn indicaron en su carta inicial a los organismos de supervisión que las pruebas que establecían la inocencia de su cliente habían estado en poder del Departamento de Justicia durante semanas y fueron “simplemente ignoradas”. Pidieron a los inspectores generales que investigaran por qué los fiscales “se apresuraron a presentar cargos” bajo lo que describieron como presión de Trump, quien había impulsado un enorme proyecto de renovación del estanque reflectante para la celebración en Washington del 250mo aniversario de Estados Unidos.
Al renovar su solicitud de una investigación del inspector general, el equipo de Hearn argumenta que el organismo de supervisión está en una posición única, por sus herramientas y por su independencia, para profundizar en las acusaciones de mala conducta contra los funcionarios del gobierno involucrados en el caso.
Señalan que, a diferencia de la oficina del inspector general, la Oficina de Responsabilidad Profesional, que también investiga algunas categorías de mala conducta profesional, rinde cuentas al subsecretario y al secretario de Justicia, y no tiene obligación de hacer público su trabajo ni de informar sus conclusiones al Congreso.
Los abogados de Hearn también sostienen que la oficina del inspector general es la más adecuada para investigar la posible mala conducta penal que creen haber identificado dentro del gobierno, al afirmar que los fiscales obtuvieron falso testimonio de un testigo que declaró ante el jurado investigador y vulneraron los derechos civiles de Hearn al seguir adelante con un caso penal defectuoso. Añaden que el inspector general debería investigar si la fiscal federal Jeanine Pirro, cuya oficina llevó el caso, violó normas éticas en una conferencia de prensa cuando anunció los cargos contra Hearn.
La oficina de la fiscal federal no respondió a una solicitud de comentarios cuando los abogados de Hearn plantearon las acusaciones a principios de este mes.
Uno de los abogados de Hearn es Michael Bromwich, inspector general del Departamento de Justicia durante la administración del expresidente Bill Clinton.
“En un caso como este, cuando algunas de las acusaciones involucran directamente a la fiscal federal del Distrito de Columbia, hay razones de peso para cuestionar si se llevaría a cabo alguna revisión independiente significativa”, dicen los abogados en su carta. “Su decisión de no investigar estaría condenando estas graves acusaciones al olvido pese al enorme interés público en el asunto y a la ausencia, hasta ahora, de cualquier rendición de cuentas por parte de las personas involucradas”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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