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SUSCRIBITEMIAMI (AP) — El alcance de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que le permite al gobierno del presidente Donald Trump poner fin a las protecciones legales temporales para inmigrantes haitianos y sirios podría extenderse a los ciudadanos de muchos otros países.
La decisión del jueves afecta directamente a aproximadamente 350.000 haitianos y 6.000 sirios, pero podría ser un indicio de lo que les depara a casi 1,3 millones de personas de 17 naciones que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Muchas han vivido y trabajado en el país durante décadas y tienen hijos que son estadounidenses.
La decisión expone a los beneficiarios del TPS de Haití y Siria a una posible detención y deportación. También podría allanar el camino para que cientos de miles de otros beneficiarios con solicitudes de asilo pendientes u otros apoyos por ser migrantes sean obligados a abandonar el país.
El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal en 1990 para prevenir las deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. Cuando Trump asumió la presidencia, los venezolanos constituían el grupo más numeroso de beneficiarios, seguidos por los haitianos y los salvadoreños.
Las protecciones del TPS sólo están disponibles para quienes han residido continuamente en Estados Unidos desde la fecha de su designación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede extenderlo por períodos de hasta 18 meses.
El gobierno de Trump ha argumentado que los inmigrantes no fueron sometidos a una verificación de antecedentes y seguridad adecuada después de que el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden ampliara drásticamente la designación, y dice que ya es seguro regresar a esos países. El gobierno de Trump ha cancelado el TPS para aproximadamente 1 millón de personas de 13 naciones, incluidas cerca de 650.000 de Venezuela y 50.000 de Honduras. Se avecinan decisiones importantes que afectarían a unos 200.000 salvadoreños y 100.000 ucranianos cuyas protecciones expiran pronto.
Otros países con un número menor de beneficiarios incluyen Afganistán, Myanmar, Camerún, Etiopía, Líbano, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.
Personas de todas las nacionalidades cuyo Estatus de Protección Temporal fue cancelado por el gobierno de Trump han presentado decenas de demandas. Muchos de estos casos aún están en curso y los jueces examinarán detenidamente la decisión de la Corte Suprema.
El gobierno argumentó que el DHS —y no los jueces— tiene la autoridad exclusiva para poner fin a las protecciones. La mayoría conservadora de la Corte, con un resultado de 6 votos frente a 3, estuvo de acuerdo, lo que allanó el camino para la cancelación de las protecciones para los haitianos y los sirios.
“La decisión es sin duda una mala noticia”, expresó Ahilan Arulanantham, codirector del Miñana Family Center for Immigration Law and Policy, un centro de investigación y activismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles, y uno de los abogados que representó a los sirios. “La implicación de esto es que al menos la mayoría de las demandas que se han litigado para impugnar la especie de guerra ilegal de este gobierno contra el TPS quedan ahora desestimadas”.
Los abogados de inmigración sostienen que ambos países están en crisis y que las personas no pueden regresar de forma segura. Alegan que el gobierno no evaluó las condiciones en esas naciones ni consultó con otras agencias gubernamentales, según lo exige la ley.
Las decisiones de la Corte Suprema generalmente entran en vigor 32 días después de que son anunciadas, expuso Emi MacLean, abogada sénior de la Unión Americana de Libertades Civiles del norte de California, que representa a venezolanos, haitianos, hondureños, nicaragüenses y nepalíes beneficiarios del TPS.
Con su decisión, el máximo tribunal devuelve el caso a las cortes inferiores para que implementen el fallo, y no se prevé que eso ocurra antes del 27 de julio, según MacLean y otros abogados. Mientras tanto, dijeron, los haitianos y sirios beneficiarios del TPS podrían seguir ejerciendo su trabajo.
“En 32 días, todas las personas de Haití y de Siria que tenían su autorización de empleo a través del TPS probablemente perderán esa autorización”, expuso Arulanantham.
Abogados y activistas instan a las personas con Estatus de Protección Temporal a buscar otras opciones para permanecer en el país. Dichas opciones pueden incluir visas de asilo o de trabajo, aunque el gobierno también ha dificultado cada vez más dichas alternativas.
Muchos podrían tener que elegir entre regresar voluntariamente a su país de origen o enfrentar un proceso de deportación. Podrían perder sus empleos y ser separados de sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Cada beneficiario regresaría al estatus migratorio que tenía antes de recibir el TPS, a menos que dicho estatus haya expirado o que la persona haya obtenido con éxito un estatus diferente, por ejemplo, como asilado.
Los activistas también instan al Congreso a permitir que los beneficiarios del TPS permanezcan en el país.
“Exhortamos también al Congreso para que restablezca de inmediato estas protecciones humanitarias vitales que el programa TPS representa en beneficio de nuestros clientes y beneficiarios del TPS, sus familias y todas nuestras comunidades”, instó Melissa Keenan, una abogada que representa a beneficiarios sirios del TPS.
Activistas y abogados que representan a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal oriundos de Haití y Siria afirman que, si bien las protecciones están concebidas para ser temporales, las condiciones en los países aún no han mejorado lo suficiente como para permitir que esas personas regresen de forma segura.
La ley exige que el secretario del DHS consulte a otras agencias gubernamentales antes de designar a un país para el TPS. Aunque no se especifica cuáles son esas agencias, estas consultas podrían incluir el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.
Los beneficiarios del TPS de Haití y Siria alegan que no se consultó a otras agencias y que la decisión fue premeditada, sin tomar en cuenta las condiciones actuales en esos países.
A los haitianos se les otorgó el TPS en 2010 tras un terremoto catastrófico, y se les dieron extensiones debido a que la violencia de las pandillas obligó a más de un millón de personas a desplazarse, según documentos judiciales.
Los sirios obtuvieron el Estatus de Protección Temporal en 2012, en medio de una guerra civil que se extendió durante años hasta la caída del gobierno nacional a finales de 2024.
FUENTE: AP
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