Una ex trabajadora social que laboró en ese centro de detención aseveró en la misma audiencia que el trato dispensado a las familias representa abuso infantil.
La audiencia sobre los centros de detención familiar fue convocada por media docena de congresistas demócratas agrupados en el Bloque Progresista .
"Mis hijos han quedado marcados. Mi niño de tres años me dice 'Mami, vamos a volver al cuarto 108'. Es algo que no podré borrar de su mente. Pero era eso o que me mataran en mi país con mis hijos", dijo Sonia Hernández al relatar su detención desde agosto del 2014 hasta que obtuvo una decisión judicial favorable el 9 de junio.
Hernández describió entre lágrimas cómo varias madres se unieron en dos huelgas de hambre y pidieron ayuda en cartas al presidente Barack Obama y al Papa Francisco para que las liberara. Nunca obtuvieron respuesta.
La madre, una ama de casa que actualmente reside en el estado de Virginia, pidió que cierren los centros de detención. "Hay diferentes formas de cómo tratar estos casos". Dijo que la atención médica es ineficiente y hay mala alimentación.
La ex trabajadora social Olivia López dijo que la empresa privada que maneja el centro de detención bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional la exhortó a renunciar en abril por ignorar pedidos reiterados para omitir información de documentos escritos, mentir a funcionarios migratorios federales y negarle información a los reclusos sobre sus derechos para formular quejas.
"Las prácticas y procedimientos aplicados en Karnes constituyen abuso infantil, son inmorales e incongruentes con los valores" estadounidenses, indicó.
El congresista demócrata por Arizona Raúl Grijalva, quien presidió la audiencia, dijo que "ver a una ex empleada de un centro de detención junto a una ex detenida testificando sobre el trato cruel y las prácticas inmorales de las que estas instalaciones dependen, es una prueba contundente de la necesidad urgente de cerrar estos centros de detención".
La audiencia tuvo lugar cuatro días después de que una jueza federal fallara que el sistema actual implementado por el Departamento de Seguridad Nacional para detener a los niños migrantes con sus madres tras haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos viola una decisión emitida hace 18 años.
La decisión emitida el viernes por la jueza Dolly Gee en California es una victoria para los defensores de los derechos de los migrantes que presentaron el caso ante los tribunales, pero se desconocen aún las implicaciones inmediatas que tendrá para los detenidos.
Dos centros de detención en Texas y otro en Pensilvania han albergado recientemente en conjunto a más de 2.000 mujeres y niños, tras la oleada de decenas de miles de personas procedentes de Centroamérica, la mayoría madres con niños, que llegaron en 2014 a la frontera estadounidense sin documentos.
Muchos de estos migrantes afirman haber huido de la violencia de las pandillas y de la violencia familiar en sus países.
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Luis Alonso Lugo está en Twitter como: www.twitter.com/luisalonsolugo
FUENTE: Associated Press