La CIDH dijo que los tres despidos no fueron un caso aislado porque "se documentaron múltiples denuncias sobre despidos en el sector público como represalia por haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio".
La Comisión anunció haber remitido el caso el 8 de marzo después de que el Estado venezolano incumpliera varias recomendaciones, tales como reincorporar a las víctimas a cargos de igual categoría, y repararlas en el aspecto material y moral.
La Comisión, basada en Washington, tiene por misión recoger las denuncias, analizarlas y dictar sentencia, pero si sus recomendaciones no con acatadas por el Estado involucrado, hace llegar el caso a la Corte, que tiene su sede en San José, Costa Rica.
Las demandantes contra el Estado venezolano son Rocío San Miguel, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, quienes se desempeñaban en el Consejo Nacional de Fronteras.
Chávez se mantuvo en el poder hasta su muerte por cáncer en 2013.
La CIDH mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial.
FUENTE: Associated Press