Los gobiernos y empresas extranjeros que tienen negocios con la Guardia Revolucionaria y sus afiliados no estarán sujetos a una prohibición de viajes, de acuerdo con salvaguardas delineadas por el secretario de Estado Mike Pompeo en dos avisos publicados en la gaceta del gobierno.
Eso debilita el impacto de las medidas y frustrará a los congresistas que respaldan sanciones severas contra Irán por temor a que el gobierno de Donald Trump no implemente plenamente las sanciones contra el crudo iraní. Sin embargo, levanta la amenaza contra aquellos que colaboran con Estados Unidos en Irak y Líbano, donde las numerosas filiales de la Guardia Revolucionaria están activas.
Las exenciones dejan intactas sanciones aplicables directamente contra la Guardia Revolucionaria y sus representantes, que son las primeras agencias de un gobierno extranjero designadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos. La designación, que entró en vigor el 15 de abril, es parte de una amplia gestión del gobierno de Trump para aumentar las presiones sobre Teherán.
Bajo las leyes de inmigración de Estados Unidos, los extranjeros que se determine proveyeron “asistencia material” a organizaciones extranjeras designadas como “terroristas” pueden verse impedidos de viajar al país.
Cuando fue anunciada este mes, la designación generó temores de que diplomáticos y militares estadounidenses pudieran tener que poner fin a sus contactos con funcionarios de países que tienen lazos con Irán o elementos de la Guardia, una organización paramilitar formada a raíz de la Revolución Islámica de 1979 para defender su gobierno.
Líbano, donde Irán y la Guardia ayudan activamente a la agrupación extremista islámica Jezbolá, e Irak, donde respaldan a las milicias chiíes y tienen fuertes lazos con el gobierno, son dos de los países donde Estados Unidos tiene contactos en los frentes diplomático y militar.
FUENTE: Associated Press