La Comisión dijo haber recibido información no solo sobre presuntas torturas y malos tratos a los detenidos y a la inexistencia prolongada de alimentos y agua en la sede del organismo conocido por sus siglas DGCIM, sino también sobre presuntas deficiencias estructurales como la ausencia de ventilación y luz solar.
La CIDH no proporcionó un número específico de beneficiarios en esta decisión, que incluye a las 11 personas que ya habían recibido medida cautelar durante el transcurso de 2019.
La Comisión, que tiene la facultad de solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable, mantiene a Venezuela bajo una supervisión especial desde 2002.