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SUSCRIBITELa empresa de Coral Gables perdió su licencia comercial horas después de que Marco Rubio anunciara sanciones federales contra CUPET, la petrolera estatal cubana
La presión de Estados Unidos sobre las estructuras económicas del régimen cubano sumó este jueves un nuevo capítulo. El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local de Vanguard Energy, una empresa con sede en Coral Gables que había sido vinculada a un acuerdo comercial con la petrolera estatal cubana CUPET.
La decisión se produjo pocas horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmara nuevas sanciones federales contra CUPET bajo la Orden Ejecutiva 14404 impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Según las autoridades del condado, la medida responde a la participación reportada de Vanguard Energy en un proyecto para almacenar y distribuir combustible utilizando infraestructura controlada por la empresa estatal cubana.
Dariel Fernández explicó que la decisión se tomó tras analizar los reportes públicos sobre las operaciones de la compañía y el marco regulatorio vigente.
«La transacción reportada de Vanguard Energy involucra a la empresa petrolera estatal cubana CUPET, que está sancionada por Estados Unidos», afirmó el funcionario.
Fernández señaló que la revocación de la licencia comercial se fundamenta en las obligaciones legales que deben cumplir las empresas registradas en Miami-Dade, particularmente cuando se trata de operaciones vinculadas a entidades sujetas a sanciones federales.
El acuerdo que encendió las alarmas
La controversia surgió tras revelarse que Vanguard Energy habría alcanzado un acuerdo con una entidad importadora cubana para utilizar instalaciones de almacenamiento pertenecientes a CUPET y participar en el suministro de combustible hacia la isla.
De acuerdo con reportes publicados por Bloomberg y otros medios especializados, el proyecto contemplaba el envío de más de 250.000 barriles de gasolina y diésel por operación, con una frecuencia estimada de una carga mensual o cada 40 días.
De haberse ejecutado, habría representado uno de los mayores suministros de combustible estadounidense a Cuba en más de medio siglo.
La situación cambió radicalmente cuando el Departamento de Estado aclaró públicamente que Vanguard Energy no contaba con una licencia específica que autorizara dichas operaciones.
Washington recordó que las sanciones vigentes contra entidades vinculadas al régimen cubano permanecen plenamente activas y que cualquier transacción con compañías incluidas en listas de restricciones requiere autorizaciones expresas.
La posterior inclusión de CUPET dentro del paquete de sanciones anunciado por Marco Rubio terminó de cerrar cualquier posibilidad legal para la ejecución del acuerdo.
CUPET se convierte en un nuevo objetivo de la presión de Washington
La petrolera estatal cubana se convirtió esta semana en una de las principales entidades sancionadas por Estados Unidos bajo la nueva estrategia de presión económica impulsada por la Casa Blanca.
Según Rubio, CUPET forma parte de la estructura económica utilizada por el régimen para sostener su aparato político y de seguridad mientras la población enfrenta una profunda crisis energética.
La medida se suma a sanciones previas contra el conglomerado militar GAESA y otras empresas consideradas estratégicas para el funcionamiento del sistema cubano.
El recaudador de impuestos fue especialmente contundente al fijar la posición del condado sobre el caso.
«El Condado de Miami-Dade no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la ley federal o apoyen a la dictadura cubana», afirmó.
Fernández aseguró además que la decisión forma parte de una política sostenida de supervisión sobre empresas que mantengan vínculos con entidades controladas por el régimen cubano.
Una advertencia para otras compañías del sur de Florida
La revocación de la licencia comercial representa un importante revés para Vanguard Energy y envía una señal clara al sector empresarial del sur de Florida.
El caso demuestra que las autoridades locales, estatales y federales están actuando de forma coordinada para reforzar el cumplimiento de las sanciones contra Cuba y limitar cualquier operación que pueda beneficiar económicamente a entidades controladas por el régimen.
En un contexto de creciente presión sobre La Habana, la medida podría convertirse en un precedente para futuras acciones contra empresas que intenten desarrollar negocios con organizaciones sancionadas por Estados Unidos.
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