Perdomo y Rodríguez Arriera fueron clasificados por la FHRC como represores de "cuello blanco" debido a su participación en prácticas arbitrarias basadas en criterios políticos. Estas acciones incluyeron la notificación de inadmisibilidad a la activista Anamely Ramos, quien fue impedida de regresar al país por orden de las autoridades migratorias cubanas.
La organización independiente ha puesto a disposición de las autoridades internacionales —especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea— la información personal y familiar de estos funcionarios para posibles sanciones bajo la ley Magnitsky, que permite acciones contra quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos o corrupción a gran escala.