El gobierno de Estados Unidos anunció este martes la imposición de restricciones de visado contra varios funcionarios de países centroamericanos, acusados de colaborar con el programa internacional de misiones médicas cubanas, al que Washington señala como un esquema de trabajo forzado impulsado por el régimen de La Habana.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien subrayó que la medida busca responsabilizar a quienes, desde su posición en gobiernos extranjeros, contribuyen a la explotación de profesionales de la salud cubanos bajo condiciones laborales coercitivas.
“Visitar Estados Unidos con una visa es un privilegio, no un derecho. Estamos comprometidos con combatir el tráfico de personas, incluyendo el trabajo forzado”, afirmó Rubio.
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De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Estado, las sanciones incluyen la negación de entrada a territorio estadounidense tanto para los funcionarios implicados como para sus familiares directos. No se especificaron los nombres ni los países afectados, aunque se precisó que las restricciones aplican a individuos involucrados en la implementación o facilitación de las llamadas "misiones médicas cubanas", activas desde hace décadas en numerosos países de América Latina.
Las autoridades estadounidenses consideran que estos programas, promovidos por el gobierno cubano, constituyen una forma de explotación laboral. Según la acusación, los médicos cubanos enviados al extranjero trabajan bajo vigilancia estricta, sin control sobre sus pasaportes y con una parte significativa de sus salarios retenida por el Estado cubano.
“Estas prácticas no solo benefician económicamente a un régimen autoritario, sino que también constituyen una forma moderna de esclavitud laboral”, señaló el texto oficial.
Aunque las misiones médicas han sido reconocidas por su contribución a comunidades con escaso acceso a servicios de salud, han generado también fuertes críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos que acusan al régimen cubano de utilizar el programa con fines económicos y políticos.
La decisión del Departamento de Estado fue celebrada por figuras del Congreso estadounidense, entre ellas la congresista Maria Elvira Salazar, quien ha denunciado repetidamente el carácter represivo y explotador de estas brigadas médicas. Asimismo, el asistente del secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental reafirmó que la política estadounidense continuará promoviendo la libertad y dignidad del pueblo cubano a través de presión diplomática sobre los aliados del régimen.
“Estados Unidos alza la voz en favor del pueblo cubano”, afirmó.
El gobierno cubano, por su parte, ha defendido la legitimidad de sus misiones médicas y asegura contar con el respaldo de varios países de la región. En marzo pasado, el régimen afirmó que numerosos líderes caribeños habrían expresado su disposición a perder el acceso al territorio estadounidense antes que renunciar a la asistencia médica cubana, que consideran vital para sus sistemas de salud pública.