El Tribunal Supremo Popular considera “hechos vandálicos” como delitos de sabotaje, lo que puede implicar sanciones que van desde 7 años de prisión hasta la pena capital.
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SUSCRIBITECuba reactiva la pena de muerte para actos de sabotaje contra infraestructuras estratégicas
Maricela Sosa Ravelo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, anunció en la televisión nacional que el Consejo de Gobierno determinó interpretar que los hechos vandálicos constituyen un delito de sabotaje.
El régimen cubano ha endurecido significativamente su postura frente a daños a infraestructuras estratégicas del país, al anunciar que estos actos serán tratados como delitos de sabotaje, sancionables incluso con la pena de muerte o cadena perpetua.
La decisión fue anunciada en la televisión nacional por Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, quien indicó que el Consejo de Gobierno del Supremo aprobó una interpretación que califica como sabotaje los denominados “hechos vandálicos” cometidos contra bienes públicos esenciales.
Entre las acciones que podrían ser penalizadas bajo esta figura legal se incluyen:
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Daños al transporte público
Robo de componentes de líneas férreas y locomotoras
Contaminación de depósitos de combustible
Ataques a grupos electrógenos y parques fotovoltaicos vinculados al Sistema Electroenergético Nacional
Sabotaje a infraestructuras de telecomunicaciones y tecnologías de la información
Sosa Ravelo explicó que el artículo 125 del Código Penal contempla sanciones de 7 a 15 años de prisión por sabotaje, mientras que el artículo 126, referido a formas agravadas del delito, puede implicar penas de 10 a 30 años de cárcel, cadena perpetua o incluso la pena de muerte, si se demuestra que hubo riesgo para vidas humanas o para la seguridad colectiva.
“El delito de sabotaje protege el buen funcionamiento de los bienes públicos y de las instituciones del Estado”, aseguró la jueza, quien enfatizó que estas sanciones se aplicarán solo cuando se presenten pruebas contundentes durante el juicio oral.
Desde principios de año, autoridades de la Unión Eléctrica (UNE) y del Ministerio del Interior (MININT) venían advirtiendo que los robos de recursos energéticos serían considerados actos de sabotaje y conllevarían penas severas.
El nuevo Código Penal cubano, aprobado en 2022, mantiene la pena de muerte para 24 delitos, entre ellos 14 vinculados a la seguridad del Estado, ocho por terrorismo, uno por delitos relacionados con drogas y otro por asesinato.
Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han advertido sobre el uso de legislaciones amplias o ambiguas para perseguir políticamente a opositores o críticos del gobierno bajo la acusación de “sabotaje”.
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