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SUSCRIBITELa Compañía Cubana de Electricidad presentó una demanda federal en EE.UU. por activos nacionalizados en 1960 y reclama más de 802 millones de dólares
La Compañía Cubana de Electricidad (Cuban Electric Company) presentó una demanda por más de 802 millones de dólares contra la Unión Eléctrica (UNE) y Energas ante un tribunal federal de Estados Unidos, reclamando una indemnización por la confiscación de sus activos en Cuba tras la Revolución de 1959.
La acción judicial fue presentada el 29 de julio de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington, y se fundamenta en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses reclamar compensaciones por propiedades expropiadas por el Gobierno cubano.
El caso, identificado como "Cuban Electric Company v. Unión Eléctrica y Energas", fue asignado al juez federal John D. Bates.
Según el documento judicial, la empresa solicita el pago de aproximadamente 802,7 millones de dólares, cifra que incluye el valor de la reclamación certificada, intereses acumulados, daños triples previstos por la Ley Helms-Burton y los costos legales correspondientes.
Los demandantes sostienen que la antigua compañía fue nacionalizada por órdenes de Fidel Castro el 6 de agosto de 1960, sin recibir compensación.
La demanda sostiene que la Compañía Cubana de Electricidad, fundada en 1927, desarrolló gran parte de la infraestructura eléctrica de Cuba durante varias décadas.
Según el expediente, antes de la nacionalización la empresa:
Los demandantes argumentan que buena parte de esa infraestructura continúa formando parte del actual Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La reclamación abarca una amplia red de activos que, según la empresa, fueron confiscados por el Estado cubano.
Entre ellos figuran:
Según la demanda, parte de esa infraestructura continúa siendo utilizada por la Unión Eléctrica y otras empresas estatales del sector energético.
El proceso judicial se fundamenta en el Título III de la Ley Helms-Burton, una normativa estadounidense que permite presentar demandas contra personas o entidades que, presuntamente, se beneficien de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano después de 1959.
Los demandantes solicitan que se aplique un interés anual del 6 % sobre una reclamación previamente certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC), además de los daños adicionales contemplados por la legislación.
La demanda se presenta mientras Cuba enfrenta una de las peores crisis eléctricas de su historia reciente, marcada por apagones prolongados, falta de combustible y frecuentes colapsos del Sistema Eléctrico Nacional.
Hasta el momento, la Unión Eléctrica y Energas no han emitido una respuesta pública sobre la demanda presentada ante la justicia estadounidense.
El caso podría convertirse en uno de los litigios de mayor impacto económico relacionados con propiedades nacionalizadas tras la Revolución cubana.
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