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El gobierno cubano negó cualquier participación en los 90 cargamentos de biodiésel incautados y retenidos por autoridades estadounidenses, valorados en aproximadamente tres millones de dólares, después de que Washington identificara como destinataria a una empresa estatal cubana sancionada.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, rechazó este lunes 12 de octubre que el Gobierno de La Habana tuviera contratos relacionados con los envíos y aseguró desconocer las operaciones comerciales investigadas por Estados Unidos.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista exclusiva concedida a la agencia internacional Reuters en su despacho de La Habana.
La negativa del funcionario introduce un nuevo elemento en la controversia por el destino de más de 620.000 galones de biodiésel que las autoridades federales estadounidenses interceptaron en instalaciones portuarias de Florida y Texas.
Mientras Washington sostiene que la documentación comercial identificaba a ENETEC S.A., una empresa cubana sancionada, como destinataria de los cargamentos, el ministro asegura que no existía ningún contrato de suministro con esa compañía.
De la O Levy fue categórico al negar que las operaciones investigadas correspondieran a acuerdos del Gobierno cubano.
“Podemos asegurarles que no existía ningún contrato de ningún tipo con ENETEC SA”, declaró a Reuters.
El ministro fue más lejos y aseguró que ninguna empresa estatal cubana había conseguido concretar contratos para importar combustible en las condiciones actuales.
“Ninguna empresa estatal cubana ha logrado obtener un contrato de combustible, ya sea para pequeñas o grandes cantidades”, afirmó.
Sus declaraciones contradicen la interpretación presentada por los investigadores estadounidenses, quienes sostienen que los documentos de exportación señalaban a ENETEC como destinataria final.
Sin embargo, ambas afirmaciones no son necesariamente equivalentes desde el punto de vista documental: identificar una empresa como destinataria en registros comerciales no demuestra por sí solo que esa compañía haya firmado o autorizado directamente un contrato.
La investigación estadounidense continúa abierta y todavía no se han divulgado todos los documentos contractuales relacionados con los envíos.
La operación fue anunciada por autoridades federales estadounidenses durante una conferencia de prensa celebrada en Miami.
Participaron funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.
Los cargamentos fueron localizados en dos instalaciones portuarias.
Port Everglades, Florida: 71 cargamentos, con aproximadamente 500.000 galones de biodiésel.
Puerto de Houston, Texas: 19 cargamentos, con cerca de 120.000 galones adicionales.
En conjunto, las autoridades reportaron más de 620.000 galones de combustible, valorados en alrededor de 2,8 millones de dólares.
Los investigadores aseguraron que la documentación comercial identificaba a ENETEC S.A. como destinataria final.
La empresa había sido sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en julio de 2026.
ENETEC S.A. es una compañía cubana dedicada a la comercialización mayorista de productos energéticos.
Sus actividades incluyen operaciones de importación, exportación y distribución de combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.
La empresa fue incorporada a las restricciones estadounidenses durante 2026, en el marco del endurecimiento de las sanciones contra entidades vinculadas al sector estatal cubano.
Para Washington, el elemento central de la investigación no es únicamente que el combustible tuviera como destino Cuba.
El problema señalado por las autoridades estadounidenses es que los cargamentos estaban documentados para una entidad sometida a sanciones.
La investigación intenta determinar quién organizó los envíos, qué compañías participaron y si existieron operaciones anteriores con el mismo destinatario.
Hasta el momento, no se han anunciado públicamente cargos penales específicos contra los exportadores vinculados a los 90 cargamentos.
Las declaraciones del ministro llegan después de que el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificara de ilegales las restricciones estadounidenses contra los envíos de combustible hacia la isla.
El diplomático acusó a Washington de recurrir a prácticas comparables con la piratería para impedir el abastecimiento energético cubano.
“Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaje”, afirmó.
Fernández de Cossío también defendió el derecho de las entidades estatales y privadas cubanas a importar, almacenar y distribuir combustible.
Estados Unidos, por su parte, sostiene que sus medidas buscan impedir operaciones con empresas sancionadas y evitar que estructuras restringidas se beneficien del comercio estadounidense.
La acusación cubana de piratería representa la posición del Gobierno de La Habana y no una determinación judicial internacional.
Además, los 90 cargamentos anunciados por las autoridades estadounidenses fueron intervenidos en puertos de Florida y Texas, no mediante una operación marítima en aguas internacionales.
Más allá de la controversia, De la O Levy reconoció la gravedad de la crisis energética que atraviesa el país.
El ministro aseguró que los envíos autorizados desde Estados Unidos hacia el sector privado cubano representan una cantidad muy pequeña frente a la demanda nacional.
“Me atrevería a decir que la cantidad que ingresa al país ni siquiera cubre el 3% de sus necesidades de combustible”, declaró.
La afirmación refleja la posición del funcionario sobre el abastecimiento energético, aunque la entrevista no presenta un balance técnico completo que permita verificar independientemente ese porcentaje.
Desde principios de 2026, Washington ha permitido determinadas exportaciones de gasolina y diésel hacia actores privados cubanos, bajo condiciones regulatorias específicas.
Sin embargo, el Gobierno de La Habana sostiene que esas operaciones no compensan la caída de los suministros tradicionales.
La crisis energética cubana está marcada por una diferencia significativa entre la producción nacional y las necesidades de consumo.
Según las cifras recogidas en la información divulgada, Cuba produce aproximadamente 40.000 barriles diarios de crudo, mientras sus necesidades se sitúan entre 90.000 y 110.000 barriles diarios.
Eso supone una dependencia importante de suministros externos para cubrir la demanda energética.
La situación se agravó después de la interrupción de los envíos venezolanos de petróleo durante 2026, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
La reducción de las importaciones se ha combinado con el deterioro de las centrales termoeléctricas, dificultades logísticas y problemas de mantenimiento.
El resultado ha sido una crisis de abastecimiento que afecta tanto la generación eléctrica como el transporte y otras actividades económicas.
El deterioro energético se refleja directamente en la vida cotidiana de los cubanos.
Durante 2026, la isla ha enfrentado múltiples desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), además de prolongados apagones por déficit de generación.
En numerosas localidades se han reportado interrupciones del servicio eléctrico de entre 20 y 24 horas diarias.
Las dificultades también afectan el bombeo de agua, la refrigeración de alimentos, los servicios sanitarios y el funcionamiento de negocios.
La falta de combustible constituye uno de los factores de la crisis, aunque no el único.
Las averías en centrales termoeléctricas y el deterioro de la infraestructura eléctrica también limitan la capacidad de generación.
Durante la entrevista con Reuters, De la O Levy también abordó la situación de la industria minera.
Uno de los temas centrales fue Sherritt International, compañía canadiense que mantiene desde hace más de tres décadas vínculos empresariales con Cuba en la explotación de níquel y cobalto en Moa, Holguín.
La empresa ha enfrentado dificultades operativas y financieras durante 2026, en medio de las sanciones estadounidenses y las restricciones energéticas.
Según los reportes citados, existen obligaciones financieras pendientes por aproximadamente 277 millones de dólares.
El ministro también se refirió al interés de inversores estadounidenses en operaciones vinculadas con Sherritt.
En mayo de 2026, Sherritt firmó un acuerdo no vinculante con Gillon Capital LLC, una firma con sede en Dallas vinculada a empresarios estadounidenses.
Entre sus directivos figura Ray Washburne, quien ocupó responsabilidades durante la primera administración Trump.
De la O Levy aclaró que una eventual adquisición de acciones de Sherritt no implicaría necesariamente la compra directa de la empresa conjunta que opera con el Estado cubano.
“Siempre hemos dejado claro que lo que la empresa estadounidense compraría serían acciones de Sherritt, no de la empresa conjunta”, explicó.
El ministro sostuvo que cualquier recuperación de la producción minera dependerá de resolver problemas financieros, operativos y regulatorios.
“Si la intención es reanudar la producción de níquel, todos esos problemas tendrían que resolverse”, afirmó.
Frente a la reducción de los suministros de combustible, el ministro presentó el desarrollo de energías renovables como una de las principales estrategias del Gobierno.
Según sus cifras, Cuba cuenta con 144 parques solares fotovoltaicos, con una capacidad instalada combinada de aproximadamente 1.418 megavatios.
El funcionario también destacó el crecimiento de la movilidad eléctrica, al señalar que en el país circulan más de un millón de motocicletas y triciclos eléctricos.
Sin embargo, la capacidad instalada de los parques solares no equivale a una generación constante durante las 24 horas.
La producción fotovoltaica depende de la radiación solar y requiere sistemas de respaldo o almacenamiento para cubrir la demanda nocturna.
Pese a las inversiones en energías renovables, el sistema energético cubano continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles.
Según De la O Levy, aproximadamente el 40% de la electricidad del país procede del petróleo producido nacionalmente, utilizado principalmente en centrales termoeléctricas.
La dependencia de esas instalaciones supone un desafío adicional debido a su antigüedad y frecuentes averías.
El ministro reconoció que las soluciones implementadas todavía avanzan por debajo de las necesidades reales de la población.
“Estamos avanzando con nuestras soluciones poco a poco, aunque no tan rápido como nos gustaría”, declaró.
La controversia por los 90 cargamentos deja ahora dos posiciones claramente diferenciadas.
Estados Unidos sostiene que los documentos comerciales identificaban a ENETEC S.A., empresa sancionada, como destinataria final del combustible.
El Gobierno cubano asegura que no existía ningún contrato de suministro con esa compañía y niega su participación en los envíos.
Por ahora, las autoridades estadounidenses no han divulgado todos los detalles sobre los exportadores, intermediarios y posibles responsables de las operaciones.
La investigación continúa abierta.
Mientras tanto, Cuba enfrenta una crisis energética que el propio ministro reconoce como grave, con una producción nacional insuficiente para cubrir sus necesidades y una transición hacia fuentes renovables que todavía no consigue estabilizar el suministro eléctrico.
La principal incógnita es quién organizó y financió realmente los 90 cargamentos de biodiésel y por qué ENETEC figuraba como destinataria en la documentación revisada por las autoridades estadounidenses.
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