El régimen de Cuba recibió el pasado 9 de febrero un vuelo de deportación con 170 inmigrantes indocumentados cubanos expulsados desde Estados Unidos, en lo que autoridades federales describen como el primer operativo aéreo de repatriación hacia la isla en 2026.
El vuelo, operado por ICE Air bajo la supervisión de U.S. Immigration and Customs Enforcement, incluyó individuos con condenas por delitos graves como asesinato, violación, secuestro, narcotráfico y uso ilegal de armas, según información oficial difundida por el gobierno estadounidense.
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Delitos graves y casos citados
De acuerdo con los datos oficiales, entre los deportados se encontraban personas condenadas por:
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Asesinato en segundo grado
Secuestro agravado
Violación
Tráfico de sustancias controladas
Conspiración para distribuir cocaína
Uso criminal de armas
ICE destacó que el vuelo incluyó a individuos con extensos historiales criminales en estados como Florida, Texas, Pensilvania y Dakota del Sur.
Aunque los vuelos de deportación a Cuba existen desde hace años, autoridades estadounidenses señalaron que bajo la administración de Donald Trump los procesos de repatriación “se están produciendo en cifras récord”.
El documento oficial afirma que La Habana había mostrado resistencia previa a aceptar vuelos masivos, pero que actualmente estos retornos se realizan con mayor frecuencia.
Respuesta del régimen cubano
Según el comunicado de las autoridades cubanas, el grupo estuvo compuesto por:
El régimen indicó que tres personas fueron trasladadas a órganos de investigación por presuntos delitos cometidos antes de salir del país.
La Habana reiteró su discurso sobre promover una migración “regular, segura y ordenada” y advirtió nuevamente sobre los riesgos de las salidas irregulares.
Contexto migratorio y presión política
El vuelo marca la reanudación de deportaciones tras un mes sin operaciones aéreas y se produce después del último retorno registrado el 18 de diciembre de 2025, cuando 128 cubanos fueron enviados de regreso.
La medida ocurre en medio de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio y presión diplomática hacia la isla.
Analistas consideran que la frecuencia y el perfil criminal de algunos deportados podrían intensificar el debate sobre cooperación migratoria entre Washington y La Habana.