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SUSCRIBITEEl Gobierno cubano fija para el 11 de noviembre el juicio secreto contra el exministro Alejandro Gil, acusado de espionaje y corrupción.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha fijado para el martes 11 de noviembre de 2025, a las 9:30 a.m., el inicio del juicio oral contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, según una nota oficial publicada este lunes por medios estatales.
El proceso se desarrollará en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado y será a puerta cerrada, bajo estrictas medidas de confidencialidad.
El comunicado aclara que, “por razones de Seguridad Nacional, asistirán únicamente las partes y las personas autorizadas por el tribunal”, de acuerdo con el artículo 153 de la Constitución cubana y el 477.1 de la Ley del Proceso Penal.
El texto oficial añade que tanto el acusado como sus abogados defensores tuvieron acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, mientras que la Defensa ya presentó sus alegatos finales.
Este será el primero de dos procesos judiciales que enfrenta Gil Fernández, siendo el más grave de ambos: una acusación por espionaje, delito por el cual la Fiscalía cubana solicita cadena perpetua.
Alejandro Gil fue destituido el 2 de febrero de 2024 de sus cargos como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, y poco después, el 7 de marzo, se conoció que estaba bajo investigación penal.
De acuerdo con fuentes oficiales, el exministro reconoció “graves imputaciones” y presentó su renuncia al Partido Comunista de Cuba (PCC) y a su escaño en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El 31 de octubre, la Fiscalía General de la República confirmó que había ejercido acción penal pública contra Gil y varios implicados, tras concluir las investigaciones del Ministerio del Interior.
La lista de cargos es extensa e incluye:
Espionaje
Malversación
Cohecho
Evasión fiscal
Lavado de activos
Falsificación de documentos públicos
Tráfico de influencias
Actos en perjuicio de la actividad económica
Infracción de normas sobre documentos clasificados
La Fiscalía pidió sanciones “en correspondencia con la gravedad de los hechos” y aseguró que el proceso se ajusta al artículo 156 de la Constitución, que garantiza el “debido proceso”.
Según fuentes cercanas al caso, Gil Fernández enfrentará un segundo juicio, en el que habría más de 20 imputados.
En este proceso, la Fiscalía habría solicitado una pena de 30 años de prisión, mientras que los demás acusados podrían enfrentar entre 15 y 20 años de cárcel.
Aunque las autoridades no han revelado los nombres de los otros implicados, medios independientes como 14yMedio aseguran que entre ellos figuran un diputado de la Asamblea Nacional y un primer secretario provincial del PCC.
Consultada por CiberCuba, la presentadora María Victoria Gil Fernández de Ayala, hermana del exministro, dijo desconocer quiénes integran el grupo de procesados.
Ingeniero de formación, Alejandro Gil fue considerado durante años una de las figuras más leales a Miguel Díaz-Canel y un rostro clave de la política económica del régimen.
Sin embargo, su gestión terminó marcada por el colapso del modelo económico cubano, los apagones masivos, la escasez de alimentos y combustibles, y el fracaso de la “Tarea Ordenamiento”.
En diciembre de 2023, Gil reconoció ante la Asamblea Nacional que la producción nacional había caído por debajo de los niveles de 2022, confirmando la profundidad de la crisis.
Su posterior detención y acusación por espionaje representan una de las caídas políticas más impactantes dentro del aparato de poder cubano en los últimos años.
El juicio contra Alejandro Gil Fernández marca un precedente político y judicial en la historia reciente de Cuba.
Aunque el gobierno intenta mostrarlo como un gesto de “transparencia y lucha contra la corrupción”, analistas señalan que el proceso refleja las fracturas internas del régimen y la crisis de confianza dentro del PCC.
El inicio del juicio este 11 de noviembre será seguido con atención tanto dentro como fuera de la isla, en medio de un contexto de desgaste económico, escándalos políticos y pérdida de legitimidad institucional.
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