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Cómo la Corte Suprema de EEUU se convirtió en fuerza clave de la agenda migratoria de Trump

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump recurrió a la Corte Suprema para que aprobara su ambiciosa agenda migratoria de línea dura y, en general, obtuvo el respaldo que quería, con una excepción clave: el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Luego de que tribunales inferiores fallaran repetidamente en contra del gobierno de Trump, el máximo tribunal del país le permitió poner fin a las protecciones temporales para personas que huyeron de la guerra o los conflictos, otorgó a los funcionarios de inmigración mayor margen de maniobra para tratar con los titulares de la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes —la “green card”— que regresan de viajes al extranjero, y permitió al gobierno limitar el número de personas que pueden solicitar asilo.

Al solicitarle servir como facilitadora para la contenciosa política migratoria del presidente republicano, la Corte Suprema mostró deferencia a las salvaguardias constitucionales en el caso clave del derecho a la ciudadanía por nacimiento, que habría redefinido quién puede ser estadounidense. Al fallar en contra del gobierno, el tribunal ratificó el concepto de que las personas que nacen en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres, son estadounidenses.

Cada decisión del máximo tribunal puede tener consecuencias de gran alcance para los extranjeros que buscan vivir en el país, y puede influir en la percepción pública sobre si Estados Unidos todavía es una luz de esperanza para los migrantes.

Se ratifica el derecho a la ciudadanía por nacimiento y se piden mayores restricciones

El gobierno de Trump había intentado impedir que los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización o de forma temporal tengan derecho a la ciudadanía estadounidense al nacer.

Una Corte Suprema dividida ratificó el concepto del derecho a la ciudadanía por nacimiento, con una escasa mayoría de cinco magistrados que dijeron que, con muy pocas excepciones, la interpretación establecida desde hace mucho tiempo de la 14ta Enmienda, adoptada después de la Guerra de Secesión, otorga la ciudadanía a cualquier persona que nazca en Estados Unidos.

Esto fue un revés para la agenda migratoria de Trump, un pilar fundamental de su segundo mandato. En su primer día en el cargo, el presidente firmó la orden que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía de quienes nacen en el país, pero dicha orden nunca entró en vigor debido a impugnaciones legales.

Activistas y defensores elogiaron el fallo del tribunal, pero eso también provocó que algunos republicanos exigieran restringir la ciudadanía por nacimiento mediante otros medios.

Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una menor inmigración, dijo que la decisión hace que la iniciativa del presidente para llevar a cabo deportaciones a gran escala sea “aún más urgente”, con el objetivo de expulsar a las personas que se encuentran en el país sin autorización antes de que tengan hijos.

Krikorian agregó que la decisión implica que las políticas que rigen los programas que permiten que los extranjeros lleguen a Estados Unidos a trabajar o estudiar en la universidad deben ser “endurecidas” para evitar que las personas vengan al país y tengan hijos, quienes entonces se convierten en ciudadanos. También sugirió que el Departamento de Estado podría incluir una pregunta sobre embarazo en las solicitudes de visa de los extranjeros que buscan obtener una visa de turista de otro tipo para viajar a Estados Unidos.

“Creo que va a tener un impacto real en las políticas”, opinó Krikorian.

Se eliminan las protecciones temporales para los haitianos y los sirios

El tribunal permitió que el gobierno de Trump ponga fin a las protecciones legales para migrantes que huyeron de la violencia y los desastres naturales en Haití y en Siria. La decisión, tomada con 6 votos a favor y 3 en contra y anunciada el 25 de junio, podría dejar a cientos de miles de personas más sin poder trabajar en Estados Unidos y vulnerables a ser deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas para poner fin a las protecciones para personas de 13 países, incluidas algunas que habían estado vigentes durante más de una década.

Los críticos republicanos han dicho que esas protecciones temporales se convierten, en la práctica, en permanentes. No obstante, abogados de inmigración destacan que países como Haití y Siria aún son peligrosos.

La mayoría conservadora del tribunal determinó que la ley no permite que los tribunales cuestionen el proceso que utilizan las autoridades de inmigración para revocar las protecciones. El máximo tribunal había fallado a favor del gobierno anteriormente y permitió poner fin al programa para personas de Venezuela.

No se sabe con qué rapidez el fallo del tribunal podría hacer que el ICE intente expulsar del país a los haitianos y los sirios afectados por esta decisión, aunque el temor a una posible deportación ya se extendió por la comunidad haitiana.

David Bier, director de estudios de inmigración del Cato Institute, un grupo de expertos libertarios que abogan por una mayor inmigración, dijo que la decisión del tribunal tiene un impacto mucho mayor que el de los 350.000 haitianos y 6.000 sirios incluidos en el caso. Aproximadamente 1 millón de personas más de otras nacionalidades están amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y Bier expuso que el fallo las deja sin ninguna vía efectiva para objetar las medidas del gobierno.

“Simplemente cerró la puerta a cualquier impugnación”, agregó.

Se permiten límites en el número de solicitantes de asilo

En virtud de la ley estadounidense, los inmigrantes que pisan suelo estadounidense pueden solicitar asilo. Si bien el número de inmigrantes que llegan a la frontera sur ha disminuido drásticamente durante el gobierno de Trump, el número de solicitantes de asilo se disparó durante gobiernos anteriores.

La política de control de solicitudes de asilo iniciada durante el gobierno del expresidente demócrata Barack Obama y luego ampliada durante el primer mandato de Trump, limitó la cantidad de personas que podían solicitar asilo diariamente en la frontera sur con México.

El fallo abrió el camino para que el gobierno de Trump restablezca la política, que actualmente no está vigente, en caso de que decida hacerlo.

El gobierno argumentó que el control de solicitudes de asilo era una herramienta importante y que las personas rechazadas en la frontera podían regresar después. No obstante, los defensores sostuvieron que, cuando la política de control de solicitudes de asilo estuvo vigente, provocó caos y una crisis humanitaria en México, ya que miles de personas esperaron durante días y meses en albergues improvisados en territorio mexicano.

El tribunal da más flexibilidad al gobierno sobre algunos titulares de la tarjeta de residencia permanente

En otra decisión de 6 a 3, el tribunal falló a favor del gobierno de Trump y confirió mayor poder a las autoridades de inmigración para decidir cómo tratar a los titulares de la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes que regresan al país desde el extranjero.

En 2012, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) pusieron en libertad condicional migratoria al residente permanente legal Muk Choi Lau tras volver de un breve viaje a China y le retiraron su tarjeta de residencia. Había sido acusado, aunque no condenado, de un delito de falsificación.

Lau argumentó que el agente se extralimitó en sus funciones y que, cuando finalmente se declaró culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey, la decisión otorgó al Departamento de Seguridad Nacional, entonces bajo el gobierno Obama, una vía más fácil para expulsarlo del país.

En su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson escribió que le preocupaba que el tribunal hubiera otorgado al gobierno un “enorme cheque en blanco” para tratar con millones de residentes permanentes legales que desean viajar al extranjero.

El American Immigration Council, un grupo de defensa de los inmigrantes, escribió en un análisis posterior al fallo judicial que el Congreso otorgó a los residentes permanentes legales protecciones especiales que dificultan que los detengan y expulsen del país cuando viajan.

Sin embargo, existen excepciones que limitan las protecciones especiales de las que gozan los titulares de la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, como, por ejemplo, si la persona ha cometido ciertos delitos en Estados Unidos, escribió el consejo.

El organismo manifestó que aún existen muchas dudas sobre el alcance del fallo judicial, pero que prevé que el gobierno argumente que la decisión puede aplicarse de manera más amplia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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