Aunque la multa es una fracción diminuta de los 201.000 millones de dólares de ingresos que tuvo Meta en 2025, el veredicto ilustra un cambio creciente en la percepción pública sobre las empresas de redes sociales y sus responsabilidades para mantener a los jóvenes a salvo en sus plataformas.
Durante años, las empresas de redes sociales han rebatido las acusaciones de que dañan la salud mental de los niños mediante decisiones de diseño deliberadas que vuelven adictos a los menores a sus plataformas y que no los protegen de depredadores sexuales y contenido peligroso. Este año, varios casos en tribunales estatales y federales se encaminan a juicio y, aunque los detalles pueden variar, todos buscan responsabilizar a las empresas por lo que ocurre en sus plataformas.
Las demandas han sido presentadas por distritos escolares, gobiernos locales, estatales y el gobierno federal, así como por miles de familias. Los enfrentamientos en los tribunales son la culminación de años de escrutinio sobre la seguridad infantil en las plataformas y sobre si decisiones de diseño deliberadas las vuelven adictivas y les sirven contenido que conduce a depresión, trastornos alimentarios o suicidio.
Los resultados podrían poner en entredicho el escudo de la Primera enmienda constitucional que utilizan las empresas y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las compañías tecnológicas de responsabilidad por el material publicado en sus plataformas. También podrían resultar costosos en forma de honorarios legales y acuerdos. Y podrían obligar a las empresas a cambiar su forma de operar, con la posible pérdida de usuarios y de ingresos publicitarios.
Jurado de Nuevo México multa a Meta con $375 millones Un equipo encabezado por el fiscal general estatal de Nuevo México, Raúl Torrez, quien demandó a Meta en 2023, construyó su caso haciéndose pasar por niños en redes sociales y luego documentando las solicitudes sexuales que recibieron, así como la respuesta de Meta.
Torrez quiere que Meta implemente una verificación de edad más eficaz y haga más para expulsar a los actores malintencionados de sus plataformas.
Un jurado determinó el martes que Meta violó la ley estatal de protección al consumidor. Encontró miles de infracciones, y cada una contó por separado para una sanción de 375 millones de dólares.
La decisión histórica llegó tras un juicio de casi siete semanas. Los jurados se alinearon con los fiscales estatales, quienes argumentaron que Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— priorizó las ganancias por encima de la seguridad. El jurado concluyó que Meta violó partes de la Ley de Prácticas Desleales del estado ante acusaciones de que la empresa ocultó lo que sabía sobre los peligros de la explotación sexual infantil en sus plataformas y sobre los impactos en la salud mental de los niños.
El jurado coincidió con las acusaciones de que Meta hizo declaraciones falsas o engañosas y también estuvo de acuerdo en que Meta incurrió en prácticas comerciales “inaceptables” que se aprovecharon injustamente de las vulnerabilidades y la inexperiencia de los niños.
Meta no estuvo de acuerdo con el veredicto y dijo que apelará.
“Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido dañino. Seguiremos defendiéndonos con firmeza y mantenemos la confianza en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”, señaló la empresa en un comunicado.
El juicio comenzó a inicios de febrero. En su alegato de apertura, el fiscal Donald Migliori sostuvo que Meta ha tergiversado la seguridad de sus plataformas, al optar por diseñar sus algoritmos para mantener a los jóvenes conectados a sabiendas que corren riesgo de explotación sexual.
El caso de Los Ángeles se centra en la adicción Los jurados aún deliberan en un caso histórico sobre redes sociales que busca responsabilizar a empresas tecnológicas por daños a los niños. La parte demandante ha argumentado que las características de diseño de las plataformas de los dos demandados restantes, Meta y YouTube, fueron concebidas para ser adictivas, especialmente para usuarios jóvenes. TikTok y Snap llegaron a acuerdos antes de que comenzara el juicio.
En el centro del caso de Los Ángeles está una persona de 20 años identificada por las iniciales “KGM”, cuyo caso podría determinar cómo se desarrollarán miles de demandas similares. KGM, o Kaley, como la han llamado sus abogados, y un puñado de otros demandantes han sido seleccionados para juicios “barómetro”, esencialmente casos de prueba para que ambas partes vean cómo se sostienen sus argumentos ante un jurado.
Matthew Bergman, del Social Media Victims Law Center, con sede en Seattle, que representa a más de 1.000 demandantes en litigios contra empresas de redes sociales, manifestó: “Este es un punto de inflexión monumental en las redes sociales. Cuando empezamos a hacer esto hace cuatro años, nadie decía que alguna vez llegaríamos a juicio. Y aquí estamos, presentando nuestro caso ante un jurado justo e imparcial”.
Distritos escolares se encaminan a juicio Un juicio programado para este verano enfrentará a distritos escolares contra empresas de redes sociales ante la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, California. Conocido como litigio multidistrital, designa a seis distritos escolares públicos de todo el país como casos “barómetro”.
Jayne Conroy, abogada de los demandantes, también representó a demandantes que buscaban responsabilizar a farmacéuticas por la epidemia de opioides. Indicó que la piedra angular de ambos casos es la misma: la adicción.
“En el caso de las redes sociales, nos enfocamos principalmente en los niños y en sus cerebros en desarrollo, y en cómo la adicción es una amenaza para su bienestar y… los daños que se causan a los niños: cuánto están mirando y qué tipo de segmentación se está haciendo”, explicó Conroy.
La ciencia médica, añadió, “no es realmente tan diferente, sorprendentemente, de una adicción a los opioides o a la heroína. Todos estamos hablando de la reacción de la dopamina”.
Tanto los casos de redes sociales como los de opioides alegan negligencia por parte de los demandados.
Conroy afirmó: “Lo que pudimos probar en los casos de opioides es que los fabricantes, los distribuidores, las farmacias, sabían de los riesgos, los minimizaron, abastecieron en exceso, y la gente murió. Aquí es prácticamente lo mismo. Estas empresas conocían los riesgos, los ignoraron, redoblaron la apuesta para obtener ganancias de los anunciantes por encima de la seguridad de los niños. Y los niños resultaron perjudicados y los niños murieron”.
La resolución podría tardar años en medio de narrativas enfrentadas Las empresas de redes sociales niegan que sus productos sean adictivos. Durante el interrogatorio del abogado de la parte demandante en el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg dijo que aún coincide con una declaración previa suya de que el conjunto de trabajos científicos existente no ha demostrado que las redes sociales causen daños a la salud mental.
Algunos investigadores, de hecho, cuestionan si “adicción” es el término adecuado para describir el uso intensivo de redes sociales. La adicción a las redes sociales no está reconocida como un trastorno oficial en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la autoridad dentro de la comunidad psiquiátrica.
Pero las empresas enfrentan una resistencia creciente sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de los niños, no solo entre académicos, sino también entre padres, escuelas y legisladores.
La analista de Emarketer Minda Smiley comentó: “Aunque Meta ha redoblado esfuerzos en esta área para abordar preocupaciones crecientes mediante el lanzamiento de funciones de seguridad, varios informes recientes sugieren que la empresa sigue priorizando de manera agresiva a los adolescentes como base de usuarios y no siempre cumple sus propias reglas”.
Con las apelaciones y cualquier discusión de acuerdos, los casos contra las empresas de redes sociales podrían tardar años en resolverse. Y, a diferencia de Europa y Australia, la regulación tecnológica en Estados Unidos avanza a un ritmo glacial.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP