El juez de distrito Carl Nichols, designado por Trump en Washington, rechazó el miércoles por la noche la solicitud de demócratas y grupos de derechos civiles, que alegaban que la orden de Trump probablemente sería declarada inconstitucional porque los estados y el Congreso —y no el presidente— son quienes tienen la facultad de fijar las normas electorales. Nichols coincidió con el argumento del gobierno de Trump de que era demasiado pronto para dictar la orden, porque aún no se ha implementado.
“El Tribunal reconoce que el Servicio Postal podría, en última instancia, emitir una norma final que afecte directamente a los demandantes o a sus miembros, o que el gobierno pueda elaborar Listas Estatales de Ciudadanía que omitan a personas específicas debido a fallas particularizadas”, escribió Nichols. “Los demandantes pueden, por supuesto, volver a presentar sus mociones si y cuando ocurran esas acciones futuras. Hasta entonces, sin embargo, los demandantes no pueden demostrar que proceda una medida cautelar preliminar”.
La batalla legal contra la disposición ahora se traslada a Boston, donde grupos defensores del derecho al voto presentaron una demanda separada contra la orden ejecutiva ante una corte federal.
Trump emitió la orden en marzo después de que el proyecto de ley que tenía su respaldo para reformar el sistema de votación se estancara en el Congreso. La orden habría hecho que el gobierno federal creara un censo de votantes elegibles y ordenara al Servicio Postal de Estados Unidos entregar las boletas por correo únicamente a quienes figurasen en ese listado. Funcionarios electorales advirtieron que la iniciativa podría dar pie a abusos y causar caos.
Desde su derrota en las presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, Trump ha afirmado sin fundamentos que el voto por correo está plagado de fraude y ha impulsado una investigación federal sobre la votación de ese año, pese a que repetidas auditorías e investigaciones —incluyendo algunas realizadas por republicanos— concluyeron que no hubo fraude generalizado. Trump también ha dicho que quiere “tomar el control” de la administración electoral en zonas demócratas.
Demócratas y grupos de derechos civiles sostuvieron que era urgente que Nichols emitiera una orden de restricción en plena temporada de primarias y con los estados ya preparándose para las legislativas.
Esta fue la segunda orden ejecutiva de Trump que busca reformar las elecciones y la votación. La primera, emitida apenas unos meses después de llegar a la Casa Blanca para un segundo mandato, ha sido bloqueada por varios jueces federales. Esa medida pretendía exigir prueba documental de ciudadanía para inscribirse para votar, entre otros cambios.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
