La mayoría del panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito afirmó que la instalación administrada por Florida no estaba bajo control federal y no necesitaba cumplir con la ley federal que exige una revisión del impacto ambiental.
“Fueron funcionarios de Florida, no federales, quienes construyeron la instalación”, escribió la mayoría de los jueces. “Controlan el terreno y construyeron la instalación ‘por completo’ con fondos estatales”.
En el momento en que la jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió la orden judicial preliminar, Florida no había recibido ningún reembolso federal, escribió la mayoría del tribunal de apelaciones. Williams concluyó que ya se había tomado una decisión sobre el reembolso.
El tribunal de apelaciones suspendió la orden de la jueza apenas unos días después de que la emitiera en agosto pasado, a la espera de una audiencia. Esta se celebró a principios de este mes en Miami.
Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, dos de los grupos ambientalistas que presentaron la demanda, señalaron que seguirían luchando mientras el caso regresa al tribunal de distrito para continuar el litigio.
“Esta lucha está lejos de terminar”, manifestó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. “Alcatraz de los Caimanes se levantó apresuradamente en uno de los ecosistemas más frágiles del país sin la revisión ambiental más básica, con un enorme costo humano y ecológico”.
Funcionarios estatales abrieron el centro de detención en los Everglades el verano pasado para respaldar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración. A principios de este mes, el abogado de dos personas detenidas allí afirmó, en documentos judiciales, que los guardias golpearon brutalmente y rociaron con gas pimienta a los detenidos.
En un voto disidente sobre el fallo del panel de apelaciones, la jueza Nancy Abudu escribió que la inmigración es una responsabilidad federal, y que el hecho de que Florida haya construido una instalación de detención de inmigrantes no permite que el gobierno federal renuncie a su autoridad.
“La instalación no habría sido construida, y no podría haber sido utilizada, como centro de detención de inmigrantes sin la solicitud de los demandados federales”, sostuvo Abudu. “La evidencia del control federal quizá sea más evidente cuando reconocemos que la inmigración sigue estando de manera única y exclusiva dentro del ámbito del gobierno federal”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP