A casi un mes del escándalo que golpeó al partido oficialista Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rocha acudió al Ministerio Público para atender la citación que se anunció el fin de semana.
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SUSCRIBITECIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, reapareció el martes para comparecer ante la Fiscalía General de México que lo investiga a él y otros nueve funcionarios mexicanos por la acusación de narcotráfico que realizó la fiscalía de Nueva York que pidió su detención con fines de extradición.
A casi un mes del escándalo que golpeó al partido oficialista Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rocha acudió al Ministerio Público para atender la citación que se anunció el fin de semana.
El político oficialista, de 76 años, ratificó en su cuenta de X su inocencia y dijo que “con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”. Rocha expresó su respaldo al sistema judicial mexicano y al estado de derecho.
El vicefiscal con licencia de Sinaloa, Damaso Castro, el senador oficialista Enrique Inzunza, y el ex director de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Almanza Avilés, también comparecieron el martes en la Fiscalía General.
A finales de abril la fiscalía de Nueva York acusó de narcotráfico y tenencia ilícita de armas a Rocha, al alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados de Sinaloa.
En la acusación se señaló a los diez funcionarios de desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
Rocha, Gámez y Castro se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación que abrió la Fiscalía General de México, mientras los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron a mediados de mayo a las autoridades estadounidenses.
La Fiscalía General de México informó a inicios de mes que no ejecutaría las detenciones provisionales con fines de extradición de los funcionarios mexicanos dado que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” para la medida cautelar, y anunció que solicitaría a Estados Unidos las pruebas del caso.
El anuncio de las citaciones a los funcionarios activos y retirados de Sinaloa coincidió con la citación que hizo la Fiscalía General de México a la gobernadora opositora del estado fronterizo de Chihuahua, María Eugenia Campos, por el caso de los dos agentes de la CIA que murieron en un accidente en ese estado.
Los dos agentes estadounidenses fallecieron el 19 de abril junto con dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó por un barranco en las montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas— y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
El incidente motivó una nota de protesta del gobierno de Sheinbaum que reclamó a Washington que no había sido informado de la presencia en el país de los dos agentes estadounidenses ni de sus actividades.
FUENTE: AP

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