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SUSCRIBITELA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente Rodrigo Paz llegó hace seis meses al poder y generó esperanzas entre los bolivianos en medio de la peor crisis económica en décadas y el hartazgo por los gobiernos de izquierda en los últimos 20 años. Sin embargo, ese optimismo pareció diluirse rápidamente y el líder centrista afronta l a cuarta semana de marchas y bloqueos de manifestantes que exigen su renuncia por considerar que no ha resuelto los problemas.
Tras el arribo de Paz se resolvieron las largas colas en las gasolineras después de que el gobernante aseguró las importaciones de combustible, mientras el país andino salía del aislamiento diplomático restableciendo lazos con Estados Unidos y otros países de la región.
Pero la desilución se apoderó de muchos bolivianos prontamente. Manifestantes campesinos e indígenas han bloqueado las principales ciudades, provocando escasez de alimentos, combustible y suministros médicos, mientras crecen los llamados al presidente para declare un estado de excepción a fin de contener la crisis.
Esto es lo que hay que saber sobre las protestas que sacuden al país andino:
Antiguos simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) —el partido que dominó Bolivia durante mucho tiempo y que ayudó a Paz a llegar al poder frente a rivales más conservadores— han expresado cada vez más su preocupación por la falta de representación de su gobierno.
Poco después de asumir, Paz llegó a acuerdos con partidos más conservadores en el Congreso. Excluyó al vicepresidente populista, considerado por muchos como responsable de su éxito electoral.
Eliminó los subsidios a los combustibles, lo que provocó un aumento de precios de casi el 90%. Los transportistas se quejaron de que la gasolina estaba contaminada y dañaba sus autos.
Para mitigar el impacto, Paz ofreció transferencias de efectivo a familias vulnerables. Aumentó el salario mínimo un 20%. Derogó una controvertida ley de tierras, pero rechazó las demandas de nuevos aumentos salariales, enfureciendo al sindicato nacional.
Debido a una peculiaridad geográfica, las barreras levantadas en las laderas que conducen a La Paz, la capital administrativa de Bolivia, pueden aislar por completo a más de 1,6 millones de habitantes de la ciudad y sus alrededores (más del 13% de la población del país).
Los movimientos indígenas han empleado durante mucho tiempo la estrategia del asedio.
En 2003 y 2005, manifestantes que bloquearon La Paz en protesta por los intereses extranjeros sobre las reservas de gas natural del país derrocaron a dos gobiernos y allanaron el camino para el ascenso del expresidente Evo Morales, fundador del MAS.
Ahora, los bloqueos de carreteras asfixian a La Paz. Miles de camiones cargados con alimentos y otros artículos de primera necesidad, como suministros de oxígeno para hospitales, permanecen varados en las carreteras.
Las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y han arrestado a más de 120 personas, muchos de los cuales fueron liberados después.
Paz se ha resistido hasta ahora a los llamados a desplegar mayor fuerza para romper los bloqueos e insiste en el diálogo, con esfuerzos impulsados por las fuerzas políticas en el Congreso, la Iglesia Católica y otros, sin frutos concretos hasta ahora.
Paz ha ofrecido bonos a los maestros y llegó a acuerdos con algunos mineros que protestan. Redujo su propio salario a la mitad, destituyó a su impopular ministro de Trabajo y nombró a un abogado perteneciente a la mayoría indígena del país para el cargo, pero las protestas no cesan.
Morales (2006-2019) ha propuesto convocar a nuevas elecciones, mientras el gobierno lo acusa de alentar las protestas.
Los analistas creen, empero, que el político que enfrenta cargos con la justicia ya no tiene poder de convocatoria y que busca utilizar el conflicto para levantar cabeza.
Morales está desde octubre de 2024 atrincherado en su feudo cocalero en el Chapare, al centro de Bolivia, donde ha evitado declarar sobre un caso de presunto abuso a una menor. Recientemente, no asistió al inicio del juicio y sumó una segunda declaratoria de rebeldía y una nueva orden de detención. Paz le exigió que “dé la cara” y que se presente ante la justicia.
Los gobiernos aliados del gobierno de Donald Trump que recientemente llegaron al poder en América Latina —desde Argentina y Chile hasta Honduras y Costa Rica— han prometido su apoyo a Paz y han denunciado las protestas como desestabilizadoras.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro —uno de los pocos líderes de izquierda que aún se mantienen en el poder en la región— respondió en defensa de las protestas, a las que calificó de “lucha por la dignidad latinoamericana”. Bolivia expulsó al embajador colombiano.
Estados Unidos ha calificando los disturbios como un intento de golpe de Estado.
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DEBRE reportó desde Buenos Aires.
FUENTE: AP
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