La aprobación se dio horas después de que las fuerzas del orden, con el apoyo sólo de equipos antimotines, no lograran despejar una estratégica carretera en el oriente y debieron replegarse ante la arremetida de los manifestantes. Seis policías resultaron heridos de bala y otros 26 civiles fueron heridos, según fuentes médicas y de la policía.
Las protestas, que son más duras en La Paz, han dejado con escaso alimento, combustible y suministros básicos a la capital política boliviana. Varios sectores han demandado al mandatario que aplique el estado de excepción y saque al Ejército para controlar el orden público.
La norma autoriza al presidente del Estado a declarar el estado de excepción con el apoyo militar en todo o en parte del territorio mediante un decreto que debe aprobar después el poder legislativo, con el propósito de “preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado” en caso de “conmoción interna”. La norma permite suspender o limitar derechos relacionados con la seguridad, el orden público y la libre circulación.
Las acciones que realicen la policía y las Fuerzas Armadas “gozarán de presunción de legalidad”, según una de las disposiciones más debatidas.
El mandatario ha priorizado el diálogo con los movilizados y la apertura de “corredores humanitarios” en La Paz y ha evitado el uso de armamento en las fuerzas de seguridad para evitar posibles incidentes que agravarían el conflicto, según el gobierno. Los movilizados han rechazado negociaciones y se mantiene firmes en pedir la dimisión del gobernante.
El mandatario afronta duras protestas sociales desde que asumió el gobierno hace siete meses por parte de sindicatos rurales y urbanos aliados del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019). Paz ha culpado a Morales de alentar las protestas y éste ha sugerido una nueva convocatoria a elecciones nacionales como salida a la crisis.