Al lamentar el fallecimiento, la Oficina pidió a las autoridades nicaragüenses una “investigación rápida, imparcial y efectiva sobre su muerte tras una prolongada detención arbitraria y desaparición forzada”, señaló en un comunicado la portavoz Marta Hurtado.
El deceso del líder del pueblo miskito fue anunciado el domingo por el gobierno nicaragüense que informó que Rivera falleció por una infección bacteriana después de que su salud se deteriorara tras padecer COVID-19.
Hurtado lamentó que Rivera fuera “detenido de forma arbitraria” tras su retorno al país centroamericano en 2023 y objetó que las autoridades nicaragüenses “se negaron a hablar de su destino y paradero hasta su muerte, lo que equivale a una desaparición forzosa”.
Rivera fue encarcelado el 29 de septiembre de 2023 como parte de una represión de la disidencia al gobierno sandinista. Su familia denunció que estaba preso por motivos políticos y que el gobierno no había presentado cargos formales.
El mes pasado la administración de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo publicó un informe sobre la salud de Rivera en el que indicó que se encontraba conectado a un respirador mecánico y presentaba falla multiorgánica.
La Oficina destacó que “aún no están claras las condiciones específicas de su detención a lo largo de los años, incluyendo si tuvo acceso a atención médica adecuada, ni la secuencia exacta de los acontecimientos que condujeron a su muerte”.
No es la primera vez que la Oficina reclama a Nicaragua por lo que considera un “patrón continuado de acusaciones graves de torturas y malos tratos a presos”.
En agosto de 2025 la dependencia de la ONU reportó otras tres muertes bajo custodia que estarían relacionadas con malas condiciones de detención y atención médica insuficiente.
Al menos 47 personas están encarceladas actualmente en Nicaragua por motivos políticos, según un grupo que da seguimiento a estos casos conocido como Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Cientas fueron encarceladas tras un levantamiento popular en 2018 que derivó en una sangrienta represión gubernamental que dejó cientos de muertos.
Más de 200 presos políticos fueron liberados y enviados a Estados Unidos en 2023 y describieron haber estado recluidos en aislamiento y sometidos a torturas. Muchos desarrollaron problemas crónicos de salud y ahora viven en un precario limbo migratorio bajo el gobierno de Donald Trump. Otros 135 presos políticos fueron liberados y enviados a Guatemala en 2024.
FUENTE: AP