México reforma la ley de amparo: ¿se protegerán más los derechos humanos?

Pero organizaciones de derechos humanos, como el Centro Prodh, aseguraron que la reforma complicará la lucha contra acciones de la autoridad que supongan afectaciones colectivas porque los jueces tendrán mucho más limitada su capacidad para interpretar la ley en cada caso.

Aquellos empresarios que deben al estado grandes cantidades de dinero son los objetivos prioritarios de esta reforma porque no podrán paralizar tan fácilmente el pago de lo que deben.

Los opositores a la ley denuncian que tendrá efecto retroactivo. El gobierno lo niega pero reconoce que afectará a procesos ya iniciados —en temas fiscales y en todos los demás— lo que muchos aseguran que es como cambiar reglas de juego en mitad de un partido.

No está claro. Según la presidenta, ese es uno de los objetivos prioritarios porque ahora los “lavadores de dinero” no podrán suspender temporalmente acciones como el congelamiento de una cuenta bancaria en la que se encontraron movimientos financieros presuntamente ligados al crimen, algo que sí pasaba hasta ahora.

Jesús Segovia, abogado del Centro Prodh, duda que este sea realmente el objetivo de los cambios porque, si fuera así, se darían más herramientas para investigar ese delito en lugar de intentar blindar procesos jurídicos generalmente “mal hechos”, porque muchas veces, el lavado de dinero no acaba de acreditarse.

El Centro Prodh recuerda que gracias a juicios de amparo se consiguió detener actos que limitaban derechos de víctimas de desaparición, de parejas del mismo sexo, de mujeres en temas de aborto o contra la libertad de expresión.

También fue la forma en la que numerosos colectivos ecologistas o indígenas lograron suspensiones en la construcción de megaproyectos —como el Tren Maya— para evitar la destrucción de la selva del sureste mexicano o la contaminación de su sistema de acuíferos.

En el caso del Tren Maya, no lograron detener la obra porque el gobierno argumentó que era de “seguridad nacional” pero, años después, la justicia y el propio gobierno reconoció los enormes daños ocasionados.

Este tipo de acciones ahora se complican y el gobierno indicó que un individuo no podrá pedir la suspensión de una actividad federal para la que exista un permiso.

Según Segovia, la reforma pone “una camisa de fuerza” a los jueces que tendrían mucho más difícil interpretar la ley y, por ejemplo, será mucho más complicado que una comunidad se ampare contra la contaminación de un río por parte de una empresa que se considere haga un bien público.

FUENTE: Associated Press