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La Corte dejó claro que el gobierno federal no puede simplemente decretar que los trenes turísticos u otros proyectos de obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información sobre tales infraestructuras.
Sin embargo, el jueves por la tarde entraba en vigor un acuerdo similar que daba ese calificativo a varios proyectos, entre ellos el Tren Maya, una polémica megaobra del sureste mexicano que el mandatario quiere terminar antes de concluir su mandato en 2024, y que ha intentado acelerar eximiéndola de los permisos normales y de la presentación de informes públicos bajo el argumento de que es vital para la seguridad del país.
El fallo es el último de una serie de reveses para López Obrador, que ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.
De momento no está claro si la determinación judicial del jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también deroga el procedimiento acelerado de concesión de permisos. La corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.
Aún más incierto si el nuevo decreto del presidente podrá acabar de nuevo anulado.
A diferencia del de 2021, que no mencionaba proyectos específicos por nombre sino que se refería a infraestructuras en general, el del jueves decretaba que eran de seguridad nacional el Tren Maya y el corredor económico que atravesará el Istmo de Tehuantepec —la parte más estrecha del país_, así como tres aeropuertos de esa zona del sureste.
López Obrador está molesto con el máximo tribunal por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, el presidente sugiere las ternas de posibles jueces, pero el Senado las elige.
En julio, el gobierno invocó poderes de seguridad nacional para hacer avanzar el proyecto de construcción del Tren Maya, un ferrocarril turístico a lo largo de la costa mexicana del Caribe que amenaza una zona de grutas donde se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de Norteamérica.
López Obrador se está apresurando para terminar el proyecto en lo que le queda de mandato a pesar de las objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.
El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.
Pero el gobierno invocó facultades de seguridad nacional para reanudar la construcción. La medida también facilita que el gobierno retenga información de ese tipo de proyectos.
En noviembre de 2021, el gobierno de López Obrador emitió un amplio decreto en el que requirió a todas las dependencias federales dar su aprobación automática a cualquier proyecto de obra pública que el gobierno considere de interés nacional o que involucre la seguridad el país.
FUENTE: Associated Press
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