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Tras cinco horas de negociaciones, los dirigentes indígenas exigieron al gobierno sanción para los responsables de la muerte de dos manifestantes, apoyo para atender a los heridos, archivo de las causas judiciales en contra de los líderes comunitarios, el establecimiento de mesas técnicas para atender las necesidades de los pueblos de esa zona y la salida de policías y militares que llegaron a esa provincia en los últimos días.
A la reunión para negociar no fueron convocados los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que llamó a la protesta hace casi un mes.
Manuel Catucuango, expresidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, dijo en una rueda de prensa que “pensando en la población hemos decidido que hoy vamos a retirarnos a nuestros territorios”, donde los participantes en las movilizaciones de los últimos días se mantendrán en asamblea permanente para dar seguimiento a los acuerdos.
El interlocutor del gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, aseveró que “hemos llegado a lo que han visto, se levanta el paro, se abren las vías” y “vamos a trabajar para el abastecimiento de la provincia y atender las necesidades que tiene”.
“Vamos a trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir”, somos un país de paz”, añadió el funcionario.
Los dirigentes también solicitaron el congelamiento del precio del diésel, pero aclararon que no hubo respuesta de Reimberg. Ese tema fue el desencadenante del paro nacional con bloqueo de vías de circulación que llevaron a cabo los indígenas.
Durante 24 días la provincia de Imbabura se mantuvo virtualmente aislada del resto del país por el bloqueo de todas las vías, incluida la Panamericana, lo que impidió el abastecimiento de alimentos, medicinas y otros insumos.
Paralelamente, esa confederación informaba por redes sociales de otras provincias donde se producían bloqueos de carreteras durante esta jornada, a pesar de que en los últimos días en la mayor parte del territorio, incluidas grandes ciudades, la protesta indígena pasó casi inadvertida.
El acuerdo se logró luego de los enfrentamientos de cientos de manifestantes con efectivos de la policía y fuerzas armadas el martes, que, de acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dejó un saldo de 50 heridos, algunos de gravedad, y 31 detenidos.
La dirigencia indígena ha señalado que los brotes de violencia y ataques de los que les acusa las autoridades son causados por infiltrados que buscan deslegitimar la protesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había convocado el martes al gobierno a “establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino" con los manifestantes, e indicó que tomó nota de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y también de los protagonistas de las manifestaciones.
Las protestas han dejado hasta el momento un muerto, decenas de heridos —entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad— y cerca de 140 detenidos hasta la víspera. La cifra no fue actualizada por las autoridades. Organizaciones de derechos humanos denunciaron una segunda víctima mortal, a la cual identificaron como el indígena José Guamán.
El gobierno defiende la eliminación del subsidio con el argumento que es necesaria para contrarrestar el contrabando del combustible, el cual permeaba por las fronteras con Colombia y Perú, y asegura que ahora los recursos se destinarán directamente a zonas necesitadas.
FUENTE: Associated Press
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