Fallo extiende votación para convictos en Carolina del Norte

Varios grupos defensores de derechos civiles y exconvictos que demandaron a los líderes legislativos y a las autoridades estatales en 2019 alegan que la ley vigente de 1973 es inconstitucional debido a que niega el derecho al voto a las personas que han completado sus sentencias activas o no han recibido una condena de ese tipo, como la gente que está en libertad condicional. Señalaron que las normas afectan de manera desproporcionada a los residentes de raza negra.

En una audiencia breve luego de un juicio celebrado la semana pasada en que se impugnaron las restricciones de voto del estado en torno a los convictos, la jueza de la Corte Suprema, Lisa Bell, dijo que dos jueces del panel conformado por tres han acordado que emitirían una orden formal pronto en que permitirán que más convictos por delitos graves voten. Los jueces están actuando antes de emitir un fallo final del juicio, ya que la votación de las elecciones municipales programadas en octubre empieza el próximo mes.

La ley estipula que los convictos pueden volver a registrarse para votar una vez que hayan cumplido con todos los aspectos de su sentencia, incluida la libertad condicional y la provisional. Con el fallo de Bell, los delincuentes que sólo deben cumplir estas penas que no tienen ningún elemento de encarcelamiento pueden volver a registrarse. La decisión abarcaría a la gente que fue declarada culpable de un delito federal en Carolina del Norte, pero cuyo castigo actual es sólo la libertad condicional.

Un experto a favor de los demandantes estimó que aproximadamente 56.000 personas podrían votar ahora. Actualmente, hay más de 7,1 millones de votantes registrados en Carolina del Norte, de acuerdo con la Junta Electoral del estado, que es uno de los acusados junto con los líderes legislativos. Podrían tratar de impedir que la medida cautelar sea implementada con una apelación. De lo contrario, la Junta Electoral del estado enviaría cartas a esos convictos para informarles que pueden votar.

Los acusados también podrían tener la oportunidad para apelar cualquier fallo final de los jueces de primera instancia que amplíe el derecho de voto en los próximos meses para las elecciones de 2022.