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SUSCRIBITEEl Fiscal General de la Republica (FGR), Raúl Melara, informó a periodistas que “se han materializado once bienes relacionados al caso del expresidente de la Asamblea Legislativa: siete a nombre del exfuncionario y cuatro más a nombre de sus familiares”.
“Estos son algunos de los bienes que le estamos quintando y estamos devolviendo a la gente. A partir de hoy pasarán a ser administrados por el Estado salvadoreño”, dijo Melara al mostrar imágenes de las propiedades, entre ellas, un rancho de playa.
La Fiscalía informó que los bienes embargados se suman al proceso judicial abierto contra Reyes, con los que suman 30 los incautados a la estructura que según las autoridades están relacionadas a delitos de lavado de dinero, peculado y asociaciones ilícitas.
Reyes, que se encuentra en México donde recibió asilo político del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que se trata de “una persecución política”.
“La brutal persecución desatada por FGR contra mi persona y otras personas inocentes, es una clásica aplicación de la judicialización de la política, como se vive también en Ecuador, Brasil y otros países. Son acusaciones prefabricadas, por delitos inexistentes, ¡sin prueba alguna!”, manifestó en su cuenta de Twitter.
Al conocer que estaban embargando sus propiedades, Reyes reaccionó en Twitter y dijo: “Cuando la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema) admitió el amparo por violaciones a mis derechos advertimos sobre represalias. Después del 28F (28 de febrero) la persecución política se intensifica. Sabiendo que su caso está perdido Raúl Melara monta otro show mediático, para presionar a jueces y congraciarse con (el presidente Nayib) Bukele.
Reyes, un exguerrillero del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue presidente de la Asamblea Legislativa de 2011 a 2015 y en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) dirigió el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (PROESA).
El Ministerio Público sostiene que Reyes tuvo un incremento patrimonial sin justificación de 781.844 dólares cuando fue diputado y luego presidente de PROESA y que parte de esos fondos los obtuvo a través de cobro de viáticos para viajes oficiales que él mismo autorizó como presidente de la Asamblea.
Las autoridades acusaron a otras diez personas de formar parte de esa red de corrupción, entre ellas, la esposa de Reyes, tres empleados de la Corte de Cuentas de la República, y otras tres del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada, quienes supuestamente habrían bajado el precio de varios inmuebles que luego compró una empresa de la que Reyes es socio.
FUENTE: Associated Press
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