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La nueva legislación incrementa las multas para quienes proporcionen información falsa en las solicitudes de licencias de tala y de concesiones forestales. Pero no aborda asuntos urgentes que han dificultado la imposición de sanciones, como el hecho de que las multas caduquen sin ser abonadas.
Suely Araújo, especialista en política pública en el Observatorio del Clima, una red de grupos ambientalistas, apuntó que el decreto es una respuesta a una demanda en el Supremo Tribunal que acusa al gobierno de Bolsonaro de cesar en la persecución de los delitos ambientales.
En el centro de la demanda están los “centros de reconciliación", creados por Bolsonaro en 2019 para que los infractores ambientales pudiesen recurrir sus multas. Los ecologistas los han criticado duramente.
Los centros llevaron a una fuerte reducción de las multas medioambientales, un hecho que ha sido celebrado como un logro por el mandatario, quien en su campaña prometió frenar lo que calificó de “industria de las multas”.
“Dejamos de tener grandes problemas con la cuestión ambiental, especialmente en cuanto a las multas. ¿Tienen que existir? Sí, pero hablamos y redujimos las multas en la agricultura en más del 80%”, presumió durante un acto oficial en enero.
Pero el decreto “es como poner un apósito a un hueso roto", señaló Araújo, quien dirigía la agencia reguladora medioambiental hasta su renuncia al inicio del mandato de Bolsonaro.
En un momento en que los delitos ambientales se disparan, la vigilancia disminuye y los procesos sancionadores son caóticos, “este decreto no significa absolutamente nada", afirmó.
La deforestación en la Amazonía brasileña batió récords en abril, tras haberlo hecho ya en enero y febrero de este año. Las alertas satelitales de deforestación en ese mes correspondieron a más de 1.000 kilómetros cuadrados (casi 400 millas cuadradas).
FUENTE: Associated Press
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