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SUSCRIBITEKatrina Castro-Menéndez permanece detenida por ICE en Broward. El DHS cuestiona sus solicitudes migratorias y sostiene que estuvo afiliada al Partido Comunista
La exjueza cubana Katrina Castro-Menéndez, de 41 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida mientras enfrenta un proceso migratorio en el que el Gobierno estadounidense cuestiona declaraciones realizadas durante sus solicitudes de asilo y residencia.
Castro-Menéndez, oriunda de Matanzas, se encuentra recluida en el Broward Transitional Center desde el pasado 12 de junio, cuando agentes migratorios la detuvieron cerca de su vivienda en Cooper City.
El caso fue documentado por el diario español El País, que entrevistó a la cubana desde el propio centro de detención.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la exjueza sería inadmisible en Estados Unidos por presunta tergiversación de información durante sus trámites migratorios y por una supuesta afiliación al Partido Comunista de Cuba (PCC).
Ella rechaza ambas acusaciones.
Uno de los principales argumentos del DHS se centra en la supuesta pertenencia de Castro-Menéndez al Partido Comunista durante su etapa como jueza en Cuba.
Según el expediente migratorio citado por El País, las autoridades sostienen que habría omitido esa información.
La acusación asegura que Castro-Menéndez no informó de una supuesta vinculación con el PCC cuando ejercía como jueza penal.
La exmagistrada niega categóricamente haber pertenecido a esa organización.
“No, no he sido del Partido Comunista en ningún país del mundo”, respondió durante una audiencia migratoria celebrada el 5 de agosto.
Uno de los argumentos del Gobierno estaría relacionado con la naturaleza de su antiguo cargo dentro del sistema judicial cubano.
Castro-Menéndez comenzó a ejercer como jueza cuando tenía aproximadamente 23 años.
Según explicó, desempeñar esa función no implicaba necesariamente ser miembro del Partido Comunista.
El País señaló que consultó a otros jueces cubanos que también afirmaron que la militancia partidista no constituía formalmente un requisito obligatorio para ejercer el cargo.
“El fiscal nunca va a poder demostrar que sí lo fui, como yo tampoco puedo demostrar que no lo fui”, sostuvo Castro-Menéndez.
La controversia deberá ser evaluada dentro del procedimiento migratorio.
Castro-Menéndez estudió Derecho en la Universidad de La Habana.
Después de graduarse fue asignada al tribunal de Cárdenas como parte de su servicio social.
Según relató, cobraba entonces aproximadamente 190 pesos cubanos mensuales.
Posteriormente ejerció como jueza y asegura que los casos que atendió estaban relacionados principalmente con delitos comunes de menor gravedad.
Castro-Menéndez sostiene que nunca participó en procesos contra manifestantes u opositores políticos.
Abandonó la judicatura en 2014 y posteriormente trabajó como abogada en un Bufete Colectivo de Centro Habana.
En 2019 viajó a México para estudiar una Maestría en Derechos Humanos.
Dos años después, el 13 de agosto de 2021, se presentó en un punto fronterizo de Arizona.
Las autoridades estadounidenses la liberaron posteriormente con un documento I-220A.
Esta categoría migratoria ha generado durante los últimos años numerosos litigios relacionados con la posibilidad de que determinados ciudadanos cubanos puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Otro punto fundamental del expediente es una aparente contradicción entre dos solicitudes migratorias.
En su solicitud de asilo, según el relato de Castro-Menéndez, el bufete que preparó la documentación indicó que ella no había pertenecido a organizaciones políticas.
La cubana sostiene que pagó aproximadamente 3.000 dólares por la preparación del trámite y que el abogado nunca realizó una entrevista exhaustiva sobre sus antecedentes.
Posteriormente, cuando solicitó la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, declaró haber pertenecido a diferentes organizaciones cubanas.
En el segundo formulario, Castro-Menéndez informó que había estado vinculada a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).
La diferencia entre ambos formularios terminó convirtiéndose en uno de los argumentos utilizados por las autoridades para cuestionar la veracidad de la información proporcionada en sus solicitudes migratorias.
Castro-Menéndez sostiene que nunca intentó ocultar deliberadamente esos antecedentes.
Durante la audiencia del 5 de agosto, la cubana compareció sin representación legal y explicó al juez su versión sobre las discrepancias.
“No mentí, yo hice mi proceso con ese abogado, nunca me entrevistó, solo me preguntó por qué yo estaba aplicando al asilo”, declaró.
Añadió que no sabía que existiera información incorrecta en la documentación presentada inicialmente.
Determinar si existió fraude o una tergiversación deliberada será uno de los asuntos centrales del procedimiento.
La detención ha tenido además consecuencias familiares.
Su esposo, Deyni Rojas González, y su hija de 15 años no cuentan, según el reporte, con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
La familia enfrenta así una situación migratoria incierta mientras Castro-Menéndez permanece detenida.
Desde Broward, la exjueza expresó preocupación por la posibilidad de regresar a Cuba y por cómo comunicar esa situación a su hija.
No.
Permanecer bajo custodia de ICE y enfrentar cargos de inadmisibilidad no equivale por sí solo a una deportación automática.
El procedimiento migratorio deberá determinar si los argumentos presentados por el DHS son suficientes y qué defensas o mecanismos legales puede utilizar Castro-Menéndez.
El resultado dependerá de las decisiones que adopten el juez migratorio y, eventualmente, otras instancias si se presentan recursos.
El caso ha generado comparaciones con el de la exjueza cubana Melody González, deportada a Cuba en septiembre de 2025 después de permanecer más de un año bajo custodia migratoria.
Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos expedientes.
González había sido señalada públicamente por decisiones judiciales adoptadas en Cuba, mientras Castro-Menéndez sostiene que únicamente trabajó con delitos comunes y que nunca procesó casos políticos.
Cada procedimiento migratorio se resuelve de acuerdo con sus propios antecedentes y evidencias.
El caso ocurre además en medio de un fuerte incremento de los procedimientos migratorios contra ciudadanos cubanos en Estados Unidos.
Datos divulgados recientemente muestran que más de 1.600 cubanos recibieron órdenes de deportación durante junio, mientras miles de ciudadanos de la isla mantienen procesos pendientes ante tribunales migratorios.
Para Castro-Menéndez, el futuro inmediato dependerá ahora de lo que ocurra dentro de la corte de inmigración.
Por el momento, permanece bajo custodia en Broward mientras disputa las acusaciones del Gobierno estadounidense sobre fraude migratorio y una supuesta afiliación al Partido Comunista que ella niega categóricamente.
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