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“Tenemos que ser claros de que tiene que haber una investigación de lo que pasó con los civiles, pero también de lo que pasó con los oficiales que han estado defendiendo la constitución colombiana y que han estado defendiendo a la institución”, dijo Duque en inglés durante una conferencia virtual organizada por el Wilson Center y el Inter-American Dialogue, dos centros de estudios políticos con sede en Washington.
Estas declaraciones se dan mientras Colombia enfrenta momentos de tensión por una serie de protestas que comenzaron el 28 abril ante la propuesta de aumentar los impuestos en servicios públicos, combustible, salarios y pensiones, y después se trasformaron en una demanda más generalizada para que el gobierno pague deudas que existen desde hace tiempo con los sectores más vulnerables en la sociedad, como indígenas y afrolatinos.
Las razones del descontento social actualmente se concentran en el cese de la violencia, el desmonte de la policía antimotines y la caída de un proyecto de reforma a la salud. Éste proponía introducir la figura del médico familiar y orientar el modelo hacia la prevención de las enfermedades. También fortalecía la intermediación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) -son privadas y actualmente administran los recursos y contratan su prestación- tras una depuración bajo las reglas del gobierno en la que quedarían las de mayor capacidad y se liquidarían las demás. Los críticos del proyecto advertían que se crearían monopolios.
El gobierno asegura que las fuerzas de seguridad han buscado proteger a los manifestantes pacíficos y a las personas que se quedan en sus casas. En algunas ocasiones el ejército se ha unido a la policía.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado que los muertos por las protestas son más de 50 y que al menos una docena de los presuntos responsables serían policías.
Cerca de un millar de civiles y otro de policías han resultado lesionados, de acuerdo con el gobierno.
Duque marcó una clara diferencia entre dos tipos de protestas: las que realizan pacíficamente jóvenes y mujeres afectados por la pandemia de coronavirus y el vandalismo y la destrucción con la “influencia de grupos armados que promueven ese tipo de conducta para crear incertidumbre”.
Las protestas pacíficas son genuinas y deben ser protegidas, expresó el mandatario colombiano, pero cuando se violan los derechos de las personas con violencia “tenemos que actuar con la ley y el orden”, aseguró.
Duque dijo que la fiscalía general investiga y espera resolver pronto unos 17 casos en los que habría una conexión entre las confrontaciones de la policía y gente que estaba transgrediendo las normativas.
“Hemos presentado para que se investiguen a miembros de la policía", aseguró el presidente, y explicó que las investigaciones las realiza la justicia militar y que la oficina del fiscal general intervendrá si hay algún abuso. Aclaró que aunque su gobierno respalda a las fuerzas militares y policiales, les exige también que protejan y cumplan con los estándares de derechos humanos.
Enfatizó que la violencia y los bloqueos no pueden ser tolerados, y como ejemplo mencionó una serie de ataques de esta semana en los que se destruyeron y quemaron expedientes judiciales. “Ya hemos hecho detenciones con la oficina del fiscal general de miembros de grupos armados que ya han demostrado que daban dinero a personas para que vayan a esos actos de vandalismo y participaran en esas actividades”, dijo.
FUENTE: Associated Press
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