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SUSCRIBITEFORT MYERS, Florida, EE.UU. (AP) — Un centro de detención de migrantes administrado por el estado en los Everglades de Florida, conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, debe brindar a sus internos un mejor acceso a sus abogados, según dictaminó una jueza federal el viernes.
La jueza de distrito Sheri Polster Chappell emitió una orden judicial preliminar que establece que los funcionarios del centro deben facilitar el acceso a llamadas telefónicas de carácter legal oportunas, gratuitas y confidenciales, que no estén supervisadas ni sean grabadas. También deben proporcionar al menos un teléfono operativo por cada 25 personas recluidas. La orden también detalló la información que debe ponerse a disposición de los detenidos y de sus abogados en varios idiomas.
Los abogados habían presentado declaraciones ante un tribunal federal en Fort Myers en las que sostenían que sus clientes no podían llamarlos usando los celulares del personal y que no podían realizar visitas sin previo aviso a las instalaciones.
Un contratista estatal testificó en enero que ambas opciones estaban disponibles para los detenidos y sus abogados durante una vista acerca de si las personas recluidas en el centro tenían un acceso adecuado a sus representantes legales.
El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, la agencia estatal que supervisa el centro de detención, no respondió el viernes a una consulta enviada por correo electrónico. El centro de los Everglades fue construido el verano pasado en una pista de aterrizaje remota por el ejecutivo del gobernador republicano Ron DeSantis para respaldar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Florida ha construido un segundo centro en el norte del estado.
La demanda presentada por personas que estuvieron recluidas en las instalaciones de los Everglades sostiene que se violaron sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Afirman que los abogados deben pedir cita para una visita con tres días de antelación, a diferencia de otros centros donde simplemente se presentan durante el horario de visitas; que con frecuencia los detenidos son trasladados a otros centros antes de las citas con sus abogados, y que los retrasos en la programación de esas reuniones han sido tan largos que los migrantes no pudieron verse con sus letrados antes del vencimiento de plazos clave.
Las autoridades estatales que figuran como demandadas negaron haber restringido el acceso de los detenidos a sus abogados y citaron razones de seguridad y de personal para explicar cualquier problema. Funcionarios federales, que también figuran como demandados, negaron que se hayan violado los derechos de los recluidos contemplados en la Primera Enmienda.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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