Según la sentencia, fechada el 31 de marzo y a la que tuvo acceso The Associated Press el viernes, el perito independiente solicitado por el juez dio la razón a los demandantes y estableció que el siniestro ocurrido en mayo de 2018 fue un “accidente institucional", es decir, que se gestó dentro la compañía por las negligencias en el mantenimiento y colocó a los pilotos como "la última barrera de defensa y a quienes desafortunadamente no les fue posible controlar el desplome a baja altura" de la aeronave.
Por eso, el juez ordenó a la empresa, Aerolíneas Damojh, pagar 1,5 millones de dólares por familia de los cuatro miembros de la tripulación que fueron los primeros en demandar. La compañía no se presentó al juicio y fue juzgada en rebeldía. La empresa que aseguraba el avión también fue demandada pero quedó exenta de multas.
El avión, un Boeing 737, se estrelló sobre un campo de yuca poco después de haber despegado del aeropuerto internacional José Martí en La Habana en lo que fue una de las peores tragedias aéreas de la isla en décadas. Aunque algunas personas fueron hospitalizadas, finalmente solo sobrevivió una mujer.
Un año después del accidente, Cuba dijo que el siniestro se debió a errores de cálculo de la tripulación. Previamente las autoridades de aviación civil mexicanas habían suspendido temporalmente a la empresa, que había tenido irregularidades en el pasado, y abrió una investigación sobre el caso.
L a AP preguntó por la situación actual de dichas pesquisas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero no recibió respuesta de manera inmediata.
Damojh utilizaba el nombre comercial de Global Air y rentaba el avión con tripulación incluida a la aerolínea estatal de la isla, Cubana de Aviación, que era la que operaba el vuelo.
“Es una sentencia ejemplar... que se logró probar después de muchísimos esfuerzos”, dijo uno de los abogados litigantes, Samuel González. Según explicó, el juez confirmó lo que el jefe de mantenimiento de la empresa dijo a varios familiares desde el primer día, “que el avión no podía volar”, máxime porque días antes había tenido un golpe.
”Ese avión voló por la cabeza de todos nosotros durante diez años sin mantenimiento", agregó. “Cayó en Cuba... pero pudo haber caído en cualquier parte”.
La sentencia todavía puede ser apelada. González cree que Damojh está tramitando su quiebra, “que puede ser una quiebra fraudulenta, en cuyo caso también denunciaremos”.
Además de esta primera demanda de familias de la tribulación, el abogado señaló que hay una acción civil colectiva ya en trámite en representación de todas la víctimas y una denuncia penal por homicidio contra la empresa y todo aquel que resulte responsable ante la Fiscalía General de la República.
Esta última investigación está ralentizada, según González, porque las autoridades cubanas no han aportado la información solicitada. La fiscalía no respondió de manera inmediata a la AP sobre el estado de este caso.
Queda por verse si hubo responsabilidad por acción u omisión de autoridades mexicanas, aunque el equipo litigante ya interpuso denuncias en otras dependencias, entre ellas la fiscalía anticorrupción, contra quienes autorizaron el vuelo y dieron el certificado de aeronavegabilidad al avión.
FUENTE: AP
