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SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) — Un juez federal, citando la Primera Enmienda, le prohibió el martes al gobierno de Trump implementar una directiva presidencial para poner fin al financiamiento federal de la National Public Radio y del Public Broadcasting Service, dos entidades mediáticas que la Casa Blanca ha tachado de contrarias a las prioridades estadounidenses.
No está claro el impacto operativo de la decisión del juez de distrito Randolph Moss — tanto porque probablemente será apelada como porque ya se ha causado demasiado daño al sistema de radiodifusión pública, tanto por el presidente como por el Congreso.
Moss dictaminó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para cesar el financiamiento de la NPR y del PBS es ilegal e inaplicable. Señaló que el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda “no tolera la discriminación por punto de vista ni las represalias de este tipo”.
“Es difícil concebir pruebas más claras de que una acción del gobierno está dirigida a puntos de vista que no le gustan al Presidente y busca acallarlos”, escribió Moss, quien fue nominado para el cargo por el presidente Barack Obama, un demócrata.
El juez observó que la orden ejecutiva de Trump simplemente ordena que todas las agencias federales “corten cualquier y todo financiamiento” a la NPR, con sede en Washington, y al PBS, con sede en Arlington, Virginia.
“Los demandados federales no logran citar un solo caso en el que un tribunal haya respaldado alguna vez una ley o una acción ejecutiva que prohíba a una persona o entidad en particular participar en cualquier actividad financiada por el gobierno federal basándose en la expresión pasada de esa persona o entidad”, escribió el juez.
Trump dijo el año pasado en una conferencia de prensa que le “encantaría” privar de fondos a la NPR y al PBS porque cree que están sesgados a favor de los demócratas.
“El mensaje es claro: la NPR y el PBS no necesitan solicitar ningún beneficio federal porque el Presidente desaprueba su cobertura ‘de izquierda’ de las noticias”, escribió Moss.
La NPR acusó a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) de violar sus derechos de libertad de expresión cuando avanzó para cortarle el acceso al dinero de subvenciones asignado por el Congreso. La NPR también sostiene que Trump quiere castigarla por el contenido de su periodismo.
“Los medios públicos existen para servir al interés público — el de los estadounidenses — no el de ninguna agenda política ni funcionario electo”, declaró Katherine Maher, presidenta y directora ejecutiva de la NPR. Calificó la decisión como una afirmación contundente de los derechos de una prensa libre e independiente.
La directora del PBS, Paula Kerger, se expresó encantada con la decisión. La orden ejecutiva, sostuvo, es un ejemplo “típico” de discriminación y represalias por punto de vista. Añadió: “En PBS, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: cumplir nuestra misión de educar e inspirar a todos los estadounidenses como la institución mediática más confiable del país”.
La CPB anunció en agosto pasado que tomaría medidas para cerrarse después de que el Congreso le retirara los fondos.
El abogado de los demandantes, Theodore Boutrous, calificó el fallo de “una victoria para la Primera Enmienda y para la libertad de prensa”.
“Como el Tribunal reconoció expresamente, la Primera Enmienda traza una línea que el gobierno no puede cruzar cuando intenta usar el poder gubernamental — incluido el poder del dinero — ‘para castigar o suprimir expresiones desfavorecidas’ de otros", indicó Boutrous en un comunicado. "La orden ejecutiva cruzó esa línea”.
El juez coincidió con los abogados del gobierno en que algunos de los reclamos de los demandantes ya no tienen caso, en parte porque la CPB ya no existe.
“Pero eso no pone fin al asunto porque la orden ejecutiva va más allá de la CPB”, añadió Moss. “También ordena que todas las agencias federales se abstengan de financiar a la NPR y a la PBS — independientemente de la naturaleza del programa o de los méritos de sus solicitudes o pedidos de financiamiento”.
Aunque Trump fue demandado en esta acción legal, el caso no incluyó al Congreso — y el órgano legislativo ha desempeñado un papel importante en la saga de la radiodifusión pública durante el último año.
La orden ejecutiva de Trump recortó de inmediato millones de dólares en financiamiento del Departamento de Educación a la PBS para su programación infantil, lo que obligó al sistema a despedir a un tercio del personal de PBS Kids. La orden de Trump no afectó la votación del Congreso para eliminar las asignaciones federales generales para la PBS y la NPR, lo que forzó el cierre de la Corporación para la Radiodifusión Pública, la entidad que canalizaba ese dinero hacia las redes de televisión y radio.
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El escritor de medios de la AP David Bauder contribuyó para esta nota.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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