Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITECIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias finalizó el jueves su visita de nueve días a Guatemala y denunció que en un destacamento militar ubicado en Petén, al norte del país, se están construyendo edificaciones pese a que familiares de víctimas del pasado conflicto armado afirman que en ese lugar podrían encontrarse sus seres queridos desaparecidos.
Ana Lorena Delgadillo y Aua Baldé, expertas del Grupo de Trabajo, se refirieron en conferencia de prensa al trabajo realizado durante la visita, que incluyó reuniones con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas.
Las expertas explicaron que aunque el gobierno de Arévalo ha dado muestras de avances con proyectos como el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala y un mecanismo de búsqueda de desaparecidos de ese conflicto y del fenómeno de la migración, aún no hay acceso a archivos militares ni instalaciones, una de las deudas a las víctimas que acusan a la institución armada de haber sido los ejecutores de sus familiares.
Delgadillo relató que como parte de su trabajo realizaron una visita al destacamento militar ubicado en Petén, al norte del país y fronterizo con México, y que en el lugar los militares no permitieron hacer un recorrido por las instalaciones.
“Según las entrevistas a víctimas, (el ejército) se ubica como uno de los principales perpetradores de atrocidades (durante la guerra); la sorpresa fue que en el lugar se están llevando a cabo construcciones donde podría haber restos de víctimas”, señaló Delgadillo.
Baldé explicó que se trata de construcciones recientes de viviendas para personal militar realizadas sin protocolos de conservación del lugar y que solicitaron al gobierno guatemalteco detener la construcción.
Durante 36 años, entre 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado entre el ejército y grupos guerrilleros que según informes de la verdad dejaron unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Los informes también revelaron que el ejército y grupos paramilitares fueron responsables del 93% de los crímenes, el otro 7% se lo atribuyen a la guerrilla.
“Nos tocó el corazón ver el tremendo maltrato que han tenido las víctimas, no solamente hubo un abandono, encima las criminalizaron, las persiguen y algunas hasta las desaparecieron por hacer la búsqueda (de sus familiares)”, dijo Delgadillo de origen mexicano.
La experta reconoció la resiliencia de los familiares de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil que a 30 años de finalizado el conflicto aún mantienen la búsqueda de sus familiares.
“(Durante años) se abandonó a las comunidades dejándolas además sin acceso a servicios básicos, salud, salud mental y siguen dando una gran batalla porque se sepa la verdad y encontrar a los desaparecidos”, dijo Delgadillo.
Las expertas explicaron que, tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra, se crearon instituciones de paz, pero que en los pasados gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) las mismas se desmantelaron.
Delgadillo atribuyó a varios factores el dejar sin apoyo a las víctimas, como la llegada al poder de actores “antidemocráticos”, la influencia que ha tenido el poder militar, económico en las instituciones y "un ánimo negacionista de querer ocultar lo que ocurrió en el conflicto armado y que hubo genocidio, esto ha dejado huellas profundas”, acotó.
El grupo que en febrero denunció que la exfiscal Consuelo Porras podría estar involucrada en presuntas adopciones irregulares en el país, durante la época del conflicto, dijo que la exfiscal también desmanteló la fiscalía y que durante su gestión “estaba más enfocada a la defensa de los victimarios que de las víctimas”.
El grupo que también mantiene interés en la desaparición de personas por la migración reclamó que instituciones del Estado guatemalteco como la cancillería, el registro de personas o la Dirección de Migración no tengan coordinaciones para centralizar información sobre migrantes desaparecidos y que además la fiscalía no reciba denuncian por migrantes desaparecidos.
El grupo presentará su informe final sobre sus hallazgos en la 66ta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2027. La presidencia guatemalteca no se pronunció de inmediato sobre el resumen dado por las expertas.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter
