Los exmilitares colombianos suelen ser muy solicitados y reclutados por empresas militares y de seguridad privada para servir en conflictos ajenos, dada su amplia experiencia combatiendo guerrillas en su propio país que ha mantenido un conflicto armado interno por décadas.
El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de la ONU presentó sus conclusiones preliminares luego de visitar Colombia durante una misión oficial del 16 al 27 de marzo, en la que se reunieron con autoridades estatales, políticos y veteranos militares.
Las expertas indicaron que fueron informadas sobre una cifra superior de más de 10.000 colombianos reclutados en el extranjero. Sin embargo, aclararon que, debido a la falta de datos precisos, resulta “difícil determinar quiénes de entre estas personas son reclutas voluntarios, contratistas o mercenarios”.
Explicaron que en los últimos 11 años han visto un aumento en la demanda de colombianos para funciones de seguridad, que los ha llevado a servir como mercenarios en lugares como Ucrania, Oriente Medio, Sudán, República Democrática del Congo y Haití.
“Es probable que las tensiones geopolíticas en constante evolución y conflictos armados en curso en todo el mundo aumenten la demanda de personal militar y de seguridad con experiencia, creando oportunidades de mercado cada vez mayores para los colombianos”, advirtió el grupo de la ONU en el documento de conclusiones.
La preocupación por el mercenarismo tomó especial relevancia luego de que fuera detenido en Haití un grupo de exmilitares por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, perpetrado en 2021. Sus familias han dicho que fueron contactados para dar seguridad y luego resultaron implicados en el crimen.
El año pasado, Sudán acusó a Emiratos Árabes Unidos de enviar mercenarios colombianos para luchar junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el ejército en la guerra civil del país.
El grupo de la ONU indicó que recibió información sobre ciudadanos colombianos que participaron en conflictos armados que “dieron lugar a violaciones de los derechos humanos, incluyendo el reclutamiento y el entrenamiento de niños soldados en países como Sudán”.
El gobierno colombiano está intentando tener más herramientas para enfrentar el aumento del mercenarismo. La semana pasada, el presidente colombiano Gustavo Petro firmó una ley que ratifica el Convenio Internacional de 1989 sobre la utilización de mercenarios, que busca prohibir su reclutamiento, entrenamiento y financiación.
El grupo de expertas de la ONU saludó que Colombia aprobara la ley contra el mercenarismo, sin embargo, advirtió que los riesgos para los colombianos persisten.
Advirtió que están aumentando los casos de “reclutamiento predatorio”, es decir, en los que los reclutadores prometen salarios elevados y puestos que resultan ser falsos, en los que corren el riesgo de que les sean confiscados sus documentos y se les someta a “condiciones inhumanas”, en casos de trata de personas.
FUENTE: AP