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SUSCRIBITEUn informe revela que más de 60.000 millones de dólares provenientes de gobiernos extranjeros ingresaron a universidades estadounidenses. Una parte significativa provino de países considerados adversarios de Washington
La forma en que se financian las universidades en Estados Unidos ha quedado bajo la lupa tras recientes amenazas del Gobierno federal de recortar subvenciones a centros educativos. El debate público se ha enfocado en temas como el antisemitismo, la libertad académica y el alcance del poder ejecutivo. Sin embargo, una fuente de ingresos ha generado controversia silenciosa: los fondos procedentes de gobiernos extranjeros, incluidos aquellos con relaciones tensas con Estados Unidos.
Un estudio del think tank Americans for Public Trust (APT) estima que universidades estadounidenses han recibido más de 60.000 millones de dólares de países extranjeros en las últimas décadas. De ese total, 20.000 millones se concentraron en solo diez universidades, entre ellas algunas de la Ivy League como Harvard, Columbia y UPenn.
Estas instituciones no solo han sido objeto de críticas públicas, sino también de medidas desde la Administración Trump, que condicionó la entrega de fondos federales. Por ejemplo, a UPenn se la cuestionó por permitir la participación de atletas trans en categorías femeninas, mientras que a Harvard y Columbia se les señaló por su gestión del antisemitismo. Columbia ha sido la única, hasta ahora, en modificar sus políticas ante esas presiones.
Dependencia del dinero federal… y del extranjero
Las universidades estadounidenses se financian mediante diversas fuentes: matrículas, tasas, contratos, donaciones y fondos públicos. En los últimos años, el Gobierno federal ha ganado protagonismo como fuente de ingresos. El presidente de Princeton, Christopher Eisgruber, lo describió como “un mecenas público más poderoso que cualquier donante privado”.
En el año fiscal 2024, las ocho instituciones de la Ivy League recibieron 6.400 millones de dólares en fondos federales, según datos analizados por Fox. Mientras existe transparencia en lo recibido desde Washington, la situación cambia cuando se trata de fondos de gobiernos extranjeros.
Opacidad en los fondos extranjeros
La ley estadounidense exige que las universidades reporten cualquier contrato o donación extranjera que supere los 250.000 dólares. Sin embargo, tanto expertos como el propio Departamento de Educación (DOE) han denunciado el incumplimiento generalizado de esta norma.
Un informe del DOE de 2020 reveló que de más de 6.000 instituciones educativas en el país, solo 300 reportaban correctamente sus ingresos extranjeros. El informe señalaba casos como el de Yale, que no declaró fondos durante cuatro años, o Case Western Reserve, que no lo hizo en doce años, justo cuando expandían sus vínculos internacionales.
Qatar, China y Arabia Saudita lideran las inversiones
Según APT, países como China, Irán, Rusia, Venezuela, Yemen, Qatar y Arabia Saudita han inyectado colectivamente miles de millones en universidades estadounidenses. En 2024, los mayores aportantes fueron Qatar, China y Arabia Saudita.
APT advierte que estas inversiones pueden influir en la investigación, alterar programas educativos, facilitar el espionaje y fomentar la propaganda antiestadounidense. El Departamento de Educación coincide, señalando el riesgo de que se usen para proyectar "poder blando", acceder a tecnología sensible o impulsar narrativas hostiles hacia EE.UU.
China destaca por su alcance: en 2024, habría destinado 175.000 millones de dólares a universidades estadounidenses, según APT. Casos de espionaje y la expansión de los controvertidos Institutos Confucio refuerzan la preocupación. También se han documentado colaboraciones con universidades como UCLA, UC Berkeley y Pittsburgh, que, según legisladores, habrían beneficiado indirectamente al Ejército chino.
Vínculos entre protestas universitarias y financiamiento extranjero
APT también vincula las recientes protestas pro Palestina en campus universitarios con la financiación de Qatar, país señalado por albergar líderes de Hamás. Según el informe, estas inversiones estarían relacionadas con bloqueos de instalaciones, enfrentamientos e incidentes antisemitas en universidades.
En respuesta, la Administración Trump notificó a 60 instituciones que están bajo investigación. Mientras tanto, el Congreso ha comenzado a moverse: el demócrata Ritchie Torres propuso una ley para prohibir que universidades reciban fondos de países vinculados al terrorismo. Por su parte, el republicano Michael Baumgartner impulsó un proyecto para endurecer la fiscalización de ingresos extranjeros.
A día de hoy, ninguna de las iniciativas ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso.
FUENTE: voz.us
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