Sin embargo, la presentación de artículos de impeachment no significa que Hegseth haya sido declarado culpable ni que exista una decisión del Congreso de destituirlo.
Thomas Massie vuelve a impulsar un juicio político contra Pete Hegseth
El representante republicano por Kentucky presentó formalmente los artículos después de un intento anterior realizado en septiembre.
En aquella ocasión, Massie había impulsado una resolución similar, pero la Cámara de Representantes suspendió sus sesiones antes de que pudiera celebrarse una votación.
El legislador decidió retomar la iniciativa y solicitar que el Congreso examine las acusaciones contra el secretario de Guerra.
Massie reconoció que no tiene garantías de reunir los votos necesarios para avanzar con el procedimiento.
También expresó su intención de que la propuesta llegue al Senado, donde tendría que celebrarse un eventual juicio político si la Cámara aprueba los cargos.
La iniciativa podría ser sometida a votación, enviada a un comité legislativo o quedar sin trámite, dependiendo de las decisiones de la Cámara.
Artículo I: la guerra contra Irán y la autorización del Congreso
El primer artículo cuestiona la participación de Hegseth en el inicio de las operaciones militares contra Irán el 28 de febrero de 2026.
Massie sostiene que la administración inició el conflicto sin obtener autorización previa del Congreso.
El legislador también cuestiona que existiera una amenaza inminente que justificara actuar sin ese respaldo.
El argumento se fundamenta en la distribución constitucional de competencias entre el presidente, que ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el Congreso, al que corresponde declarar la guerra.
El alcance de las facultades presidenciales para ordenar operaciones militares sin una declaración formal de guerra ha sido objeto de controversias jurídicas y políticas durante décadas.
La acusación de Massie refleja una interpretación de esos límites constitucionales, que tendría que ser evaluada por el Congreso durante el procedimiento.
Artículo II: Massie acusa a Hegseth de ignorar una orden legislativa
El segundo cargo sostiene que el secretario continuó las operaciones contra Irán después de que ambas cámaras del Congreso aprobaran, según el texto de la resolución, una medida destinada a ordenar el retiro de las fuerzas estadounidenses.
Massie sitúa ese episodio en junio de 2026.
El congresista considera que la continuidad de las operaciones representó un incumplimiento de la voluntad legislativa.
No obstante, para determinar el alcance jurídico de esta acusación es necesario examinar la naturaleza de la resolución, su texto definitivo y si tenía fuerza legal vinculante.
No todas las resoluciones del Congreso producen los mismos efectos jurídicos.
Artículo III: el plazo de 60 días establecido por la legislación estadounidense
El tercer artículo se centra en la War Powers Resolution, una ley de 1973 que establece procedimientos para la participación de fuerzas estadounidenses en hostilidades.
Entre sus disposiciones figura un plazo general de 60 días para poner fin a determinadas operaciones militares cuando no existe autorización del Congreso, sujeto a condiciones y excepciones previstas por la propia ley.
Massie acusa a Hegseth de haber mantenido las hostilidades contra Irán más allá del límite aplicable.
La controversia gira en torno a si las operaciones estaban sujetas a ese plazo y si existía alguna base legal que permitiera su continuación.
Artículo IV: el bombardeo de una escuela en Irán y las víctimas civiles
El cuarto artículo aborda la protección de la población civil durante operaciones militares.
Massie acusa al secretario de haber debilitado mecanismos internos del Pentágono destinados a prevenir víctimas civiles.
La resolución también lo relaciona con el bombardeo de una escuela en Minab, Irán.
Según la presentación del congresista, el ataque dejó al menos 156 muertos.
Esa cifra corresponde a la acusación descrita en la resolución y debe contrastarse con investigaciones independientes sobre el incidente.
El derecho internacional humanitario establece obligaciones relacionadas con la distinción entre objetivos militares y civiles, la proporcionalidad y las precauciones durante los ataques.
Sin embargo, la existencia de víctimas civiles no determina automáticamente, por sí sola, la responsabilidad penal o política de un funcionario específico.
Para establecer responsabilidades sería necesario examinar la información disponible antes del ataque, las órdenes emitidas y la cadena de mando.
Artículo V: los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe
Uno de los cargos con mayor repercusión para América Latina se relaciona con las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones señaladas como participantes en el narcotráfico.
Massie cuestiona la legalidad de estos ataques y los caracteriza en su resolución como posibles ejecuciones extrajudiciales.
Según las cifras incluidas en el documento, las operaciones habrían provocado al menos 243 muertes.
La acusación también menciona ataques contra personas que habrían sobrevivido a una primera acción militar.
El legislador sostiene que el uso de fuerza letal debe examinarse a la luz de las normas nacionales e internacionales aplicables.
La administración Trump ha defendido las operaciones contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas como parte de su estrategia de seguridad.
La controversia jurídica se centra en la clasificación de los objetivos, la naturaleza de las operaciones y las reglas que autorizan el empleo de fuerza letal.
La caracterización de esos ataques como ejecuciones extrajudiciales corresponde a la acusación de Massie y no debe presentarse como una conclusión judicial establecida.
Artículo VI: las presuntas represalias contra el senador Mark Kelly
El sexto artículo se refiere al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona.
Massie acusa a Hegseth de adoptar represalias contra Kelly después de que este recordara públicamente que los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen la obligación de no cumplir órdenes manifiestamente ilegales.
El argumento del congresista es que las acciones atribuidas al secretario habrían afectado derechos y responsabilidades constitucionales.
La resolución plantea así una controversia sobre la relación entre las autoridades civiles del Pentágono, los militares y los representantes electos del Congreso.
Para evaluar la acusación es necesario identificar las medidas concretas adoptadas contra Kelly y su fundamento legal.
Artículo VII: la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela
El séptimo cargo cuestiona la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Massie sostiene que la intervención militar se realizó sin autorización del Congreso.
El legislador utiliza el término secuestro para describir la operación, una calificación que refleja su posición sobre la legalidad de la acción.
El cuestionamiento se concentra en las facultades del Ejecutivo para realizar operaciones militares en territorio extranjero y detener a dirigentes de otros países.
La administración estadounidense ha defendido sus actuaciones contra Maduro en el marco de su política de seguridad y aplicación de la ley.
Sin embargo, la legitimidad de una operación militar transfronteriza puede involucrar cuestiones distintas del proceso penal posterior, entre ellas la soberanía territorial y el derecho internacional.
La resolución de Massie cuestiona la legalidad de la operación, pero su presentación no equivale a una determinación de que se cometió un secuestro.
Artículo VIII: los bombardeos contra los hutíes en Yemen
El último artículo se refiere a los ataques estadounidenses contra posiciones de los hutíes en Yemen durante 2025.
Massie sostiene que esas operaciones comenzaron sin autorización legislativa ni una amenaza inminente que justificara actuar unilateralmente.
También acusa a la administración de incumplir las obligaciones de notificación al Congreso.
La War Powers Resolution contempla, en determinadas circunstancias, la presentación de un informe al Congreso dentro de las 48 horas posteriores a la introducción de fuerzas estadounidenses en hostilidades.
El congresista considera que Hegseth participó en operaciones que no respetaron esas disposiciones.
La legalidad de las acciones dependería de los fundamentos invocados por el Ejecutivo y de la aplicación de las normas pertinentes.
¿Qué se necesita para destituir a Pete Hegseth?
La presentación de los ocho artículos abre una iniciativa legislativa, pero no produce la destitución automática del funcionario.
El procedimiento contempla dos etapas principales.
Si la Cámara aprueba uno o varios artículos, el funcionario queda formalmente sometido a juicio político.
El Senado deberá entonces decidir si corresponde una condena.
En ausencia de esa condena, la aprobación de los artículos por la Cámara no basta para destituirlo.
El antecedente de Alejandro Mayorkas en 2024
El caso tiene un precedente reciente en el procedimiento iniciado contra Alejandro Mayorkas, entonces secretario de Seguridad Nacional durante la administración de Joe Biden.
En febrero de 2024, la Cámara de Representantes aprobó dos artículos de impeachment contra Mayorkas.
Sin embargo, el Senado desestimó los cargos en abril de ese año sin celebrar un juicio completo sobre el fondo de las acusaciones.
Mayorkas permaneció en el cargo.
Ese antecedente demuestra que la aprobación de artículos en la Cámara no garantiza una condena posterior en el Senado.
La iniciativa contra Hegseth abre un debate sobre los límites del poder militar presidencial
Los ocho artículos presentados por Massie comparten una cuestión central: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo estadounidense en el uso de la fuerza militar sin autorización expresa del Congreso.
La resolución también plantea interrogantes sobre la protección de civiles, las responsabilidades de la cadena de mando y los mecanismos de supervisión del Pentágono.
La propuesta resulta especialmente significativa porque procede de un legislador republicano que cuestiona decisiones militares de una administración de su propio partido.
Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva de la Cámara de Representantes sobre el futuro de los artículos.
Pete Hegseth enfrenta ocho acusaciones formuladas en una iniciativa de juicio político. Su eventual destitución dependerá de las decisiones de la Cámara y del Senado, no de la presentación de la resolución por sí sola.
