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El ejército comenzará a enviar grupos de 150 abogados —tanto militares como civiles— al Departamento de Justicia "tan pronto como sea posible", y los servicios militares deberían tener identificada la primera ronda de personas para la próxima semana, de acuerdo con el memorando con fecha del 27 de agosto.
El gobierno del presidente Donald Trump ha recurrido de manera más frecuente al ejército en su lucha contra la inmigración ilegal a través de un incremento en el número de arrestos y deportaciones. Su creciente papel incluye el patrullaje de soldados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en algunas ciudades del país para apoyar en tareas de control de inmigración, la detención de personas en bases militares a la espera de su deportación y el uso de aviones militares para llevar a cabo deportaciones.
La batida del gobierno contra la inmigración ha añadido presión a los tribunales de inmigración, los cuales ya lidiaban con un enorme retraso de aproximadamente 3,5 millones de casos que ha crecido en los últimos años.
Al mismo tiempo, más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o se han ido voluntariamente después de aceptar las ofertas de renuncias diferidas del gobierno federal, según su sindicato. En la ronda más reciente de despidos, la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos dijo en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos "sin causa" en tribunales de todo el país.
Eso ha dejado al sistema con alrededor de 600 jueces de inmigración, según cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicará sus filas.
El Departamento de Justicia, el cual supervisa los tribunales de inmigración, solicitó la asistencia del Departamento de Defensa, de acuerdo con el memorando enviado por el secretario ejecutivo del Pentágono a su homólogo del Departamento de Justicia. En un principio, las funciones de los abogados militares como jueces de inmigración no se extenderían más de 179 días, pero podrían ser renovadas, señaló.
Cuando se le preguntó sobre la medida, un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas al Departamento de Defensa. Los funcionarios del Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca.
Un funcionario de la Casa Blanca indicó el martes que el gobierno federal está considerando diversas opciones para ayudar a resolver el significativo retraso de casos de inmigración, incluida la contratación de más jueces de inmigración. El funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que el asunto debería ser "una prioridad en la que todos, incluidos aquellos que esperan adjudicación, puedan estar de acuerdo".
El memorando enfatizó que los abogados adicionales dependen de la disponibilidad y que podría ser necesario movilizar a oficiales de reserva. Además, el documento indicó que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que cualquier persona enviada desde el Pentágono no viole la prohibición federal de usar el ejército como fuerza policial interna, conocida como la Ley Posse Comitatus.
El gobierno enfrentó un revés en sus planes de usar tropas para combatir la inmigración ilegal y el crimen, con un fallo judicial el martes que determinó que "deliberadamente" violó la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a principios de junio.
No está claro por el momento qué impacto tendría el traslado de ese número de abogados militares en el sistema de justicia de las fuerzas armadas. Los abogados militares tienen una variedad de funciones similares a las de los abogados civiles, desde llevar a cabo enjuiciamientos, actuar como abogados defensores u ofrecer asesoramiento legal.
Los funcionarios del Pentágono no ofrecieron de momento detalles sobre de dónde se extraerán los 600 abogados y si provendrán del servicio activo o de las reservas.
Hasta que fue despedida abruptamente en julio, la exjueza supervisora Jennifer Peyton administraba una capacitación intensiva que todos los jueces en Chicago deben completar antes de poder trabajar en algunos de los tribunales de inmigración más concurridos del país. Después de varias semanas de capacitación, los nuevos jueces son colocados con un mentor y pasan por un período de prueba de dos años.
Peyton duda que los abogados militares puedan dominar las complejidades de la ley de inmigración sin ese riguroso proceso. También afirmó que no estaba claro cómo manejarían los cientos, o a veces miles, de casos que hay cada año en el expediente de un juez de inmigración de Chicago.
"Seis meses apenas son suficientes para comenzar a entender el torrente de información y capacitación", aseguró.
A Peyton también le preocupa que la medida de Trump no ponga a disposición más trabajadores administrativos, incluidos traductores, de los cuales los jueces dependen para tomar decisiones. Las apuestas, dijo, eran de vida o muerte para las personas que comparecerían ante los nuevos jueces.
"Nada de esto tiene sentido a menos que intentes intencionalmente debilitar los tribunales de inmigración", destacó Peyton.
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Los periodistas de The Associated Press Safiyah Riddle en Montgomery, Alabama, y Will Weissert, Rebecca Santana y Eric Tucker en Washington contribuyeron a este despacho.
FUENTE: Associated Press
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