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Los abogados de Trump, al pedir la anulación del caso, habían citado una ley de 1978 conocida como el Acta de Registros Presidenciales, y habían aseverado que la ley le permitía a Trump designar esos documentos como personales y llevárselos después de que dejó la Casa Blanca.
Los fiscales en el equipo del investigador especial Jack Smith rechazaron fuertemente ese argumento, diciendo que la ley no tenía relevancia alguna en un caso concerniente a documentos clasificados y que no había fundamento legal para que Trump se quedase con información secreta.
La jueza Aileen Cannon, quien escuchó argumentos del caso el mes pasado, rechazó el argumento del equipo de Trump. Escribió que la imputación contra Trump de 40 cargos “no hace referencia alguna al Acta de Registros Presidenciales, ni se basa en ese estatuto para el propósito de describir una ofensa”.
Cannon también defendió su orden del mes pasado que pedía a los abogados de ambas partes preparar instrucciones para el jurado y responder a dos escenarios diferentes en que ella parecía considerar los argumentos de Trump sobre registros presidenciales. La orden había provocado un agudo reproche del equipo de Smith, que en un documento esta semana calificó de “fundamentalmente erradas” las premisas postuladas por la magistrada.
“La orden del tribunal solicitando un borrador de instrucciones preliminares para ciertos cargos no debe ser malinterpretada como la declaración de una definición final sobre ningún elemento esencial ni defensa sostenida en este caso”, escribió Cannon. “Tampoco debe interpretarse de otra forma que lo que era: un intento genuino, en el contexto del inminente juicio, para entender mejor las posiciones de las dos partes y las preguntas que serían presentadas al jurado en este caso complejo basado en primeras impresiones”.
FUENTE: Associated Press
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